La designación de Mauricio Pérez como nuevo Coordinador Territorial para la Gestión Socioambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví ha generado una inmediata división entre el Gobierno y los representantes locales. Mientras desde el Ejecutivo respaldan su trayectoria en articulación comunitaria, actores de la zona cuestionan la idoneidad del perfil para abordar los complejos problemas de salud y emisiones industriales que caracterizan a este territorio.
El nombramiento del trabajador social y exconsejero regional busca establecer un puente entre municipios, empresas del cordón industrial, servicios públicos y comunidades. Desde la administración de José Antonio Kast, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, defendió la decisión subrayando que el objetivo principal es restablecer la confianza y mejorar la respuesta institucional frente a los conflictos socioambientales de la bahía.
¿Por qué cuestionan el perfil de Mauricio Pérez?
Pese a reconocer el conocimiento territorial de Pérez, diversos representantes de Quintero han alzado la voz por la urgencia de contar con expertos en ciencias exactas. El concejal Mario González fue enfático al señalar las carencias actuales de la zona:
Acá lo que necesitamos son ingenieros medioambientales, doctores que tengan que ver con los problemas de la salud que se está viviendo en Quintero y Puchuncaví.
La crítica también encontró eco en el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS). Su consejero, Nielz Cortés, rechazó la designación argumentando que el problema de fondo es eminentemente técnico. Según Cortés,
Debieron haber nombrado a un ingeniero químico, con alguna especialización en calidad del aire, pues las autoridades no están leyendo bien el problema, que está en lo técnico, en las emisiones que generan las empresas.
Por ahora, Mauricio Pérez se prepara para iniciar sus funciones con presencia permanente en la zona, utilizando oficinas facilitadas por los municipios de Quintero y Puchuncaví. Entre sus tareas críticas destacan la fiscalización, el seguimiento de medidas ambientales y el rol de articulador entre las empresas, el Estado y los vecinos. Resta ver si el Gobierno atenderá estas demandas por un perfil técnico o si persistirá en la estrategia de mediación comunitaria para gestionar las crisis en estas zonas de sacrificio.
