El primer fallo histórico en Chile por blanqueo de especies
La justicia chilena sentenció por primera vez a dos personas por el delito de lavado de activos relacionado con la recepción de especies y dinero sustraídos por bandas criminales internacionales. El caso involucra a las hermanas Geraldine y Bárbara Sepúlveda, quienes actuaban como nexo local para una red de lanzas que operaba mediante robos residenciales en Pennsylvania, Estados Unidos.
Las encomiendas enviadas desde Norteamérica contenían diversos artículos de valor y dinero en efectivo, los cuales eran retirados en Chile por familiares y personas cercanas a la organización. Entre los integrantes de la banda en el extranjero figura Jorge Sepúlveda, hermano de las condenadas, quien enviaba los botines obtenidos en sus ilícitos para ser ingresados al sistema financiero nacional.
Modus operandi: el bar como empresa de pantalla
El esquema delictivo fue desarticulado gracias a la investigación liderada por el Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baez, ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago. Según la indagatoria, las hermanas Sepúlveda no solo recibían el dinero —totalizando USD 10.000 para Geraldine y USD 7.500 para Bárbara— sino que también administraban un bar financiado por Jorge que funcionaba como una empresa de pantalla para justificar los ingresos ilícitos.
Además de la gestión del local comercial, las mujeres tenían el rol de reclutar a terceros para actuar como testaferros, facilitando que el capital de origen criminal ingresara a la economía formal sin despertar sospechas inmediatas de las autoridades fiscalizadoras.
Sentencia y penas dictadas por el tribunal
El tribunal determinó una pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo para ambas acusadas. Esta condena constituye un hito jurídico, pues es la primera vez que se logra una sentencia por lavado de activos en Chile específicamente por la recepción de especies y dinero producto de robos cometidos por lanzas en el extranjero.
La inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, según indicó el fiscal.
Adicionalmente, el fallo impuso una multa de 100 unidades tributarias mensuales (UTM), lo que se traduce en aproximadamente 7.1 millones de pesos chilenos. Con este precedente, el Ministerio Público refuerza su postura contra las redes de apoyo local de criminales transnacionales, enviando una señal sobre las consecuencias penales de facilitar el flujo de capitales ilícitos en el país.
