Casi seis meses han transcurrido desde que se perdió el rastro de Heriberto Vázquez en la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos. El joven de 25 años, visto por última vez el 10 de diciembre de 2025 en la población Siete Lagos, sigue siendo objeto de una búsqueda que su familia califica como deficiente, apuntando directamente a una supuesta “negligencia” por parte de la Fiscalía local en el manejo de las pruebas clave.
La hermana del joven, Roxana Toloza, denunció que las autoridades han actuado con extrema lentitud, particularmente en la recolección de registros audiovisuales. Según su testimonio, la excusa entregada por los investigadores fue la supuesta ausencia de cámaras en el sector de la desaparición, lo que a su juicio permitió que el tiempo pasara sin obtener evidencia fundamental.
Simplemente dejaron pasar el tiempo.
Denuncias por falta de personal y sospechas en la investigación
La desesperación de la familia se agudiza al conocer las limitaciones de la Brigada de Homicidios de la PDI. Según Toloza, los funcionarios policiales les informaron que no contaban con dotación suficiente para realizar las tareas de búsqueda y la investigación criminal de manera simultánea. Ante este escenario, la familia afirma que se les obligó a elegir qué diligencias priorizar, calificando esta situación como una respuesta “dolorosa” ante la incertidumbre.
Otro punto de conflicto es la negativa de las policías respecto a la intervención de terceros. La familia mantiene la sospecha sobre un conocido de Heriberto Vázquez, quien tendría vínculos con el narcotráfico y a quien señalan como posible responsable de los hechos. No obstante, esta tesis aún no ha sido acreditada formalmente por el Ministerio Público.
La postura del Ministerio Público
Por su parte, la Fiscalía de Los Ríos emitió un comunicado oficial donde sostiene que la investigación se mantiene vigente y en pleno desarrollo. A pesar de la comunicación, no entregaron antecedentes concretos ni avances específicos sobre el paradero del joven, recordando solo que las pericias están a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.
El último operativo de terreno documentado se remonta al mes de febrero. Actualmente, la familia sigue exigiendo respuestas claras mientras la causa parece estancada, planteando la duda sobre si se realizarán nuevos rastreos exhaustivos o si la investigación continuará bajo los mismos protocolos que han sido duramente cuestionados por los afectados.
