La Comisión de Educación del Senado ha dado inicio a la tramitación de un proyecto de ley que busca restringir drásticamente el acceso a redes sociales para los menores de 14 años. La iniciativa, que se encuentra en su primer trámite constitucional, propone prohibir de forma tajante el ingreso, registro y uso de estas plataformas digitales para este grupo etario con el fin de proteger su desarrollo integral.
¿Qué busca lograr esta normativa? El objetivo central es mitigar los peligros inherentes al entorno digital, entre los que destacan el ciberacoso, la exposición a contenidos no aptos para menores, además de los efectos adversos que el uso excesivo de estas plataformas provoca en la salud mental, el rendimiento académico y el desarrollo general de niños y adolescentes, respaldándose en una creciente evidencia científica sobre el impacto de estas tecnologías.
El rol de la fiscalización y las multas
La ministra de Educación, María Paz Arzola, ha respaldado la necesidad de avanzar en regulaciones concretas para enfrentar este fenómeno. Según el texto del proyecto, las empresas tecnológicas que incumplan con esta normativa podrían enfrentar sanciones financieras significativas: las multas oscilarían entre las 500 y 2.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), las cuales podrían duplicarse en caso de que se registre reincidencia por parte de la firma infractora.
Sin embargo, la propuesta genera voces a favor y en contra. Soledad Garcés, fundadora y directora de la Fundación para la Convivencia Digital, valoró la apertura de esta discusión en el Congreso, aunque fue enfática en señalar que una prohibición aislada no será suficiente. A su juicio, la ley debe complementarse necesariamente con robustos programas de educación digital y un apoyo activo de las familias.
Los desafíos técnicos para aplicar la ley
La viabilidad de esta medida también está bajo la lupa de la academia. Christel Manterola, psicopedagoga y jefa disciplinar de Educación IACC, junto a Brayan Díaz, investigador del Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes de la Facultad de Educación UDD, han advertido sobre una dificultad técnica real: la capacidad de fiscalizar efectivamente.
La implementación de este proyecto enfrenta el desafío de los mecanismos alternativos, ya que los menores podrían seguir accediendo a estas plataformas mediante otras vías, lo que pone a prueba la eficacia de la norma en el mundo digital actual.
Con este debate, Chile se alinea con una tendencia global que busca legislar sobre la seguridad digital de los jóvenes, similar a lo que ocurre actualmente en Australia y otros países que discuten regulaciones de esta envergadura. El proyecto continúa su tramitación en el Senado, donde deberá definir los mecanismos técnicos necesarios para que la prohibición no sea solo una declaración de intenciones, sino una medida efectiva de protección para los menores.
