Argentina se encuentra conmocionada tras el brutal femicidio de Agostina Vega, una menor de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue descubierto el pasado sábado en un descampado de la ciudad de Córdoba. Este caso, que ha reactivado la indignación nacional, coincide con el undécimo aniversario del movimiento Ni una menos, provocando masivas movilizaciones en las principales ciudades del país.
Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, miles de manifestantes se concentraron en las calles de Buenos Aires, específicamente frente al Congreso de la Nación. La jornada de protesta se extendió simultáneamente a Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Paraná, Neuquén, Bariloche, Trelew y Comodoro Rivadavia, integrando a organizaciones de derechos humanos, colectivos estudiantiles y sindicatos como la CGT y la CTA.
Detalles del crimen y la respuesta judicial
Por el asesinato de la menor, las autoridades mantienen detenido a Claudio Berrelier, de 33 años. El imputado fue capturado gracias a un registro de cámaras de seguridad donde se observa a la víctima ingresando al domicilio del sospechoso sin que se visualizara su salida. Ante esto, el colectivo Ni una menos ha responsabilizado directamente al Poder Judicial de Córdoba, calificando el suceso como una muestra de “desidia organizada por el Estado”.
El movimiento feminista denunció en una rueda de prensa que al Gobierno del presidente Javier Milei la vida de las mujeres le “importa muy poco”, señalando que desde diciembre de 2023 se han recortado partidas presupuestarias clave para la prevención de la violencia de género y se han desmantelado áreas dedicadas a políticas públicas integrales.
Cifras en disputa y el futuro de las políticas de género
El escenario actual está marcado por una fuerte tensión sobre las estadísticas oficiales. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, presentado por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, en 2025 se registró el asesinato de una mujer por razones de género cada 44 horas, totalizando 200 víctimas, lo que representaría una baja del 12,3% frente a las 228 reportadas el año anterior. Sin embargo, organizaciones feministas cuestionan estos datos, afirmando que existen al menos 71 víctimas adicionales no contabilizadas por los registros judiciales.
La movilización no solo exige justicia por Agostina Vega, sino también mayor presupuesto para asistencia a víctimas, protocolos policiales eficaces y estrategias contra las redes de trata. Mientras el ajuste económico profundiza la precarización, el lema “desendeudadas” subraya la urgencia de alcanzar una autonomía económica real. La gran interrogante que queda abierta es si la presión en las calles logrará frenar el desmantelamiento de las políticas de protección o si las cifras de violencia continuarán siendo el principal foco de conflicto social en la administración de Javier Milei.
