El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió al paso de las dudas generadas por el proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades propuesto por el presidente José Antonio Kast. En una entrevista con radio Infinita, la autoridad enfatizó que la restricción de ayudas estatales está vinculada directamente al tiempo que la persona permanezca en dicho listado, buscando evitar que actos de incivilidad queden sin sanción.
Ante las críticas que sugieren una posible estigmatización de los sectores más vulnerables, Pavez fue enfático en señalar que el objetivo es proteger a los barrios populares y a la clase media, quienes son los principales afectados por la acumulación de escombros y el deterioro del entorno urbano. Según el subsecretario, el ordenamiento jurídico actual ya sanciona conductas como el no pago de pensiones alimenticias, por lo que esta iniciativa extiende la lógica punitiva a la pérdida de ciertos subsidios.
¿Cómo funcionará la pérdida de beneficios sociales?
Uno de los puntos centrales aclarados por el personero es la temporalidad de la medida. La pérdida de beneficios como el subsidio de arriendo o la Pensión Garantizada Universal (PGU) no será definitiva.
La pérdida de beneficios sociales va en directa relación con la permanencia o no en el registro. Eso es lo que lo hace proporcional, afirmó Máximo Pavez.
Respecto a los plazos, la autoridad detalló que, en caso de cometerse delitos —lo que constituye la parte del registro denominada como ‘vándalos’—, el infractor permanecerá en el sistema por un periodo de 5 años. Una vez transcurrido este tiempo, la persona estaría habilitada para retomar la recepción de sus beneficios sociales sin restricciones adicionales.
Gradualidad en las incivilidades
Para aquellos casos categorizados como ‘incivilidades’, Pavez explicó que existe una escala de tiempo distinta a la de los delitos mayores. Inicialmente, la permanencia en el registro será de un año, pero si la persona reincide, este plazo podría extenderse a dos e incluso a tres años, dependiendo de la falta cometida.
La autoridad llamó a la calma frente al debate legislativo que se avecina en el Congreso, recordando que el proyecto debe pasar por un proceso de discusión donde es natural que el texto sufra modificaciones. «Ningún artículo sale como entra», señaló, reiterando que la proporcionalidad de la medida busca sortear los cuestionamientos constitucionales, asegurando que el castigo solo se mantiene mientras el registro esté activo.
El proyecto se mantiene actualmente en fase de análisis, enfrentando las primeras reacciones políticas mientras el Gobierno busca avanzar en su agenda de seguridad. Queda por ver cómo será la tramitación en las comisiones legislativas y si los criterios de proporcionalidad defendidos por el Ejecutivo lograrán convencer a la oposición durante la votación parlamentaria.
