La décima tercera Encuesta Regional de Opinión Ciudadana, elaborada por la Universidad de Los Lagos, dejó en evidencia las prioridades que hoy marcan la agenda de los habitantes de la provincia de Osorno. Los resultados apuntan a tres áreas críticas: la salud, el empleo y un aumento sostenido en la percepción de inseguridad.
Gerardo González, académico de la carrera de Administración Pública de dicha casa de estudios y responsable de liderar las mediciones, abordó las marcadas diferencias que existen en la evaluación del sistema sanitario. Según el experto, la ciudadanía califica la atención pública por debajo de los estándares que ofrece el sector privado.
La percepción en la atención de la Salud Pública es un poco más baja que la percepción que hay respecto a la atención de salud en el ámbito privado. Ahí es donde dicho sistema de salud debe tener mirada más específica para entregar un estándar equiparable a la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la atención en el ámbito privado.
El académico subrayó que esta brecha es particularmente sensible considerando que entre el 85% y 90% de los habitantes depende de Fonasa, mientras que solo una minoría utiliza Isapres. Esta realidad presiona a las autoridades a buscar mecanismos que equiparen la calidad del servicio entregado en los centros asistenciales estatales.
Nuevos delitos y el respaldo a las policías
En el ámbito de la seguridad pública, la encuesta detalla cómo han mutado los delitos en la zona. González enfatizó que ya no se trata solo de la criminalidad tradicional, sino de nuevas modalidades que generan temor en la comunidad.
El docente precisó que:
- Los robos siguen siendo un problema central.
- Las estafas y extorsiones han ganado terreno.
- Las estafas a través de redes sociales son un foco de alerta constante.
A pesar del clima de incertidumbre, el estudio también destacó el alto respaldo ciudadano hacia las instituciones encargadas de velar por el orden. La Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Gendarmería mantienen una valoración positiva entre los encuestados, reflejando una necesidad de fortalecer la presencia de estos organismos para frenar el avance de estos delitos antes desconocidos en la región.
¿Lograrán las políticas públicas locales responder a estas demandas ciudadanas en el corto plazo? El diagnóstico está sobre la mesa y marca la hoja de ruta para las autoridades de cara al próximo periodo.
