Plazo fatal para ediles chilenos
La Contraloría General de la República (CGR) lanzó una advertencia directa a 15 alcaldes a lo largo de todo el país. La entidad fiscalizadora inició un proceso de apercibimiento contra estas autoridades comunales tras detectar que han incumplido con la obligación legal de actualizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP).
El requerimiento fue emitido formalmente el pasado 27 de mayo. A partir de esa fecha, el órgano contralor otorgó un plazo estricto de 10 días hábiles para que los jefes comunales envíen la documentación pendiente. De no cumplir con esta instrucción en el tiempo señalado, la CGR dará inicio a procesos sancionatorios formales.
¿Qué sanciones arriesgan los alcaldes?
El incumplimiento de este deber administrativo se enmarca en la ley N°20.880, que regula la probidad en la función pública y busca prevenir conflictos de intereses. La normativa establece un escalafón de castigos para quienes ignoren el apercibimiento dictado por la Contraloría.
- Multas económicas: Las sanciones pecuniarias oscilan entre las 5 y 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
- Destitución del cargo: Es la medida más grave, aplicable si tras cuatro meses desde la sanción inicial, la autoridad persiste en no regularizar su situación ante el ente contralor.
Este procedimiento es el resultado de la labor constante de revisión y control que la Contraloría realiza sobre las declaraciones de las autoridades. Cabe señalar que esta fiscalización es independiente de otros sucesos judiciales paralelos que ocurren en el país, como la investigación vinculada a la ‘Operación Tokio’ relacionada con la seguridad pública en Lampa.
