Hacia una nueva arquitectura institucional
En su reciente Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast anunció una serie de reformas estructurales orientadas a modificar la arquitectura del Estado. El mandatario oficializó la creación de una Comisión de Expertos que tendrá la tarea de diseñar un nuevo esquema ministerial, con el objetivo central de reducir la cantidad de carteras existentes, eliminar superposiciones de funciones y mejorar la eficiencia en la reasignación de los recursos públicos.
Según detalló Kast, los resultados de este grupo de trabajo servirán como base para futuros proyectos de ley que se enviarán al Congreso. El objetivo es concretar una reducción que calificó como «real y ordenada» de la estructura ministerial actual.
«Asimismo, convocaremos a una Comisión de Expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado. Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos»
El mandatario enfatizó que esta medida busca racionalizar el aparato público, ajustándolo a las necesidades actuales del país mediante un análisis técnico profundo de las funciones gubernamentales.
Crisis en la Alta Dirección Pública (ADP)
Además de la reestructuración estatal, Kast apuntó sus dardos contra el funcionamiento actual del Sistema de Alta Dirección Pública. Este mecanismo, instaurado hace casi dos décadas para privilegiar el mérito sobre los acuerdos políticos en cargos directivos, fue cuestionado por presentar graves falencias operativas. El presidente argumentó que los procesos de selección son excesivamente lentos, generando una acumulación de vacantes y un exceso de cargos cubiertos mediante suplencias, lo que termina debilitando el objetivo original del sistema: garantizar liderazgos idóneos, estables y responsables.
La situación más crítica, según las cifras expuestas por el jefe de Estado, se localiza en la red pública de salud. Al inicio de su administración, se detectaron 184 cargos vacantes de un total de 321 puestos que deben proveerse mediante la ADP en hospitales y servicios de salud a nivel nacional. La mayoría de estas vacantes corresponden a jefaturas encargadas de la gestión cotidiana de los recintos médicos.
Ante este panorama, el ejecutivo iniciará una revisión integral para agilizar las postulaciones y asegurar la permanencia de los equipos directivos. «Queremos un Estado conducido por directivos con nombre, con mandato y con responsabilidad sobre sus metas, porque el mérito en la función pública no es un trámite administrativo», sentenció Kast, dando paso a una etapa de incertidumbre sobre cómo los cambios legislativos afectarán el flujo de las próximas designaciones en la administración pública.
