Tras la reciente Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast oficializó este lunes la firma del proyecto de ley que busca implementar el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. La iniciativa busca endurecer las sanciones contra quienes participen en actos delictivos y vandálicos en el país.
El objetivo central de la medida es vincular la comisión de estos actos con la pérdida de beneficios sociales. Según detalló el jefe de Estado, la idea es que quienes infrinjan la ley y destruyan el patrimonio público o privado sufran consecuencias directas más allá del ámbito penal.
¿En qué consiste el Registro Nacional de Vándalos?
El mandatario explicó que la propuesta surge de la necesidad de ordenar la vida en sociedad. Al respecto, sostuvo que es fundamental que los actos vandálicos tengan un costo social para los responsables.
«Si hay alguien que se da la libertad de quemar un bus, eso no solo debe tener una sanción penal, sino que también debe tener una sanción de la sociedad. Tendrá que pensarlo dos veces antes de que un joven lance una bomba molotov. Tendrá que pensarlo dos veces alguien que quiera ir a rayar o destruir un monumento nacional»
José Antonio Kast enfatizó que los individuos que incurran en estos daños no deberían beneficiarse del trabajo realizado por todos los chilenos. Además, el presidente desestimó las críticas de quienes consideran que la medida es desmedida. «¿Es ir más allá de lo que corresponde resguardar lo que tanto nos ha costado construir? (…) eso no es aceptable», sentenció tras su alocución.
Desafíos y tramitación legislativa
La firma del proyecto se realizó luego de una reunión del comité político, donde se analizaron los desafíos que enfrentará el Ejecutivo en esta materia. El gobernante espera ahora que el Congreso discuta y vote prontamente la iniciativa, planteando el debate bajo la premisa de «quiénes están por cuidar la patria y quiénes están por recuperar los barrios».
Por ahora, el proyecto entra en su etapa de tramitación legislativa, donde deberá enfrentar el escrutinio de los parlamentarios en las próximas sesiones. La propuesta abre interrogantes sobre su aplicabilidad práctica y el alcance de las sanciones en el sistema de beneficios sociales del Estado.
