En su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast anunció un cambio estructural en la relación entre el Estado y los pueblos originarios. El mandatario informó que impulsará una reforma integral a la Ley Indígena, cuyo objetivo principal es modificar el actual proceso de consulta sobre el sistema de tierras para dotar a las comunidades de mayores herramientas de desarrollo.
¿Qué implica este cambio? Según lo expuesto por el jefe de Estado, la iniciativa busca eliminar las restricciones vigentes sobre el uso de los predios. La medida permitirá que los integrantes de las comunidades puedan arrendar e hipotecar sus tierras en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano chileno, promoviendo una política que el mandatario calificó como “coherente”.
Reformulación del sistema de consultas y compra de tierras
Para concretar estos cambios, el Gobierno reformulará el proceso de consulta pública sobre el nuevo sistema de tierras. La administración de Kast enfatizó que se garantizará un mecanismo legítimo y libre de cualquier interferencia externa, especialmente dirigida a quienes, según el Ejecutivo, promueven la violencia o actúan de mala fe en los territorios.
El Ejecutivo también pondrá el foco en la fiscalización del proceso de adquisición de predios por parte del Estado. El presidente aseguró que se instaurarán tasaciones transparentes a valor de mercado y se exigirá una trazabilidad real en cada transacción. Al respecto, el mandatario fue crítico con la gestión pasada:
Estamos haciendo un análisis exhaustivo de todo lo que ha ocurrido en las compras de tierra. Tenemos que revisar los valores que se han pagado, cuál ha sido el resultado de esa entrega de tierra. Algunos se van a sorprender por el estado de abandono de tantas tierras entregadas.
Propiedad individual y acceso a beneficios habitacionales
Otra de las aristas clave anunciadas es la transición hacia el otorgamiento de derechos de uso y goce individuales. El Ejecutivo argumenta que la imposibilidad de contar con derechos claros sobre la propiedad ha limitado el progreso social de las personas dentro de las comunidades. Kast puntualizó: “No puede ser que en ciertas comunidades por no tener derechos sobre la propiedad, no puedan postular a beneficios”.
Con este giro, los beneficiarios podrán acceder a subsidios habitacionales, un punto que busca equiparar las condiciones de vivienda. Actualmente, el Gobierno se encuentra en fase de análisis administrativo para implementar estas modificaciones legales, lo que abre una nueva etapa en la discusión parlamentaria sobre la autonomía y la gestión territorial en Chile.
