El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, salió al paso de las declaraciones del presidente José Antonio Kast respecto al traslado de reos comunes desde el penal de Punta Peuco. En un giro que marca una clara diferencia con lo expresado anteriormente por el propio mandatario, el secretario de Estado atribuyó esta medida exclusivamente a Gendarmería de Chile y descartó una instrucción directa desde La Moneda.
La contradicción en La Moneda
La polémica se originó tras una entrevista en Meganoticias, donde se le consultó al presidente Kast si el movimiento de internos en dicho recinto carcelario había sido una decisión personal. El jefe de Estado respondió con un rotundo “Sí”. Sin embargo, al ser consultado por CNN Chile, Rabat evitó reconocer una contradicción, argumentando que el proceso debe entenderse bajo el marco de la Cuenta Pública.
Según el ministro, el gobierno de Kast tiene tres ejes fundamentales, siendo el orden y la seguridad el pilar bajo el cual se justifica la gestión carcelaria. Al respecto, Rabat señaló:
“Lo que dispuso el Presidente de la República, y lo que ha reafirmado también el subsecretario de Justicia, es que es a Gendarmería de Chile a quien le corresponde el orden en los penales. Es a Gendarmería de Chile a quien le corresponde, por razones técnicas, determinar quiénes van a encontrarse en cada uno de los penales, ya sea el penal de Tiltil o en cualquier otro”.
¿Quién tiene la última palabra en los penales?
El titular de Justicia enfatizó que no ha existido ninguna orden directa emanada desde el Ejecutivo para gestionar los cupos o los traslados de los reos comunes que permanecían en el centro penitenciario. Rabat insistió en que esta postura ha sido comunicada previamente tanto por él como por el subsecretario de Justicia en distintas instancias.
Finalmente, el secretario de Estado concluyó que el objetivo central de esta movida es “ordenar la situación carcelaria” en el país. Bajo esta premisa, la decisión final recae estrictamente en el director de Gendarmería, quien debe utilizar criterios técnicos para definir quiénes son los internos que concurren a cada unidad penal. Por ahora, el Gobierno busca cerrar este capítulo de divergencias mientras la oposición observa de cerca si existirá una política de traslados más amplia en los meses venideros.
