El proyecto de tierras raras de la empresa Aclara en Penco, región del Bío Bío, enfrenta una intensa resistencia ciudadana a pocos días de su definición. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendó aprobar la iniciativa, cuya votación decisiva se llevará a cabo el próximo lunes 8 de junio ante la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva).
Ante este escenario, diversas organizaciones sociales, vecinos y la Cámara de Comercio han convocado a una serie de protestas. Las manifestaciones están programadas para este sábado en Penco y Lirquén, extendiéndose además a Concepción. Asimismo, el día de la votación, se realizarán concentraciones en las dependencias de la Delegación Presidencial y del SEA.
Voces contra el proyecto minero
Camila Arriagada, dirigente de la organización Penco-Lirquén Sin Minera, cuestionó la posición del Ejecutivo. Según la dirigenta, existe un apoyo político previo, dado que el gobierno habría respaldado la iniciativa durante la campaña electoral y consolidado lazos internacionales vinculados a la extracción de tierras raras.
Seguimos rechazando por la cercanía de las faenas mineras a las poblaciones, donde encontramos algunas incluso a menos de dos kilómetros de los centros poblados y urbanos de nuestra comuna, y el daño ambiental a los ecosistemas será irreversible.
Por su parte, Edmundo Sáez, presidente de la Unión Comunal de Juntas Vecinales de Penco, fue enfático al señalar que el rechazo es generalizado entre los residentes, argumentando que nadie desea vivir en las proximidades de una operación minera y que toda la comunidad se verá afectada.
Detalles de la evaluación y el futuro de la iniciativa
La propuesta, que data de 2018, obtuvo finalmente un Informe Consolidado de Evaluación favorable. Este documento técnico sostiene que el proyecto ha subsanado las observaciones realizadas en etapas previas, incorporando medidas de mitigación y planes de restauración ambiental con especies nativas tras el cierre de las faenas de extracción de arcillas lavadas.
La Coeva, instancia encargada de la votación, es liderada por el delegado presidencial Julio Anativia e integrada por los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Energía, Minería y Transportes. En caso de que la votación sea aprobatoria, se abrirá un proceso de reclamación ciudadana de 30 días, para posteriormente avanzar hacia la votación definitiva ante el Comité de Ministros.
