Un notable ajuste en la estrategia de seguridad pública fue confirmado por el presidente José Antonio Kast antes de oficializar el nuevo Plan de Infraestructura Penitenciaria. Mientras en su campaña presidencial el mandatario propuso el denominado Plan Cancerbero, que prometía crear 100 mil nuevas plazas en cuatro años, el discurso oficial ha virado hacia una meta significativamente menor.
En una reciente entrevista con Chilevisión, previo a la Cuenta Pública, el jefe de Estado fue consultado sobre la viabilidad de la cifra original. Ante la duda de si se mantenían los 100 mil cupos iniciales, el presidente explicó que el plan de reformulación actual contempla un aumento de 20 mil plazas en una primera etapa, buscando alcanzar un total de 40 mil al término del periodo.
¿Qué pasará con la promesa de campaña?
La ambigüedad sobre los 60 mil cupos restantes generó incertidumbre, pero el mandatario fue enfático al señalar:
Nosotros hoy día lo que estamos planteando es un plan penitenciario de construcción de nuevas cárceles y readecuación de las cárceles que contempla en este primer periodo 20 mil plazas, y esperamos llegar a las 40 mil plazas que planteamos.
Esta postura se alinea con lo expuesto por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. El secretario de Estado, en declaraciones previas, admitió que no recordaba la promesa de campaña original, enfocando el desafío del Gobierno en doblar el plan carcelario actual y sumar 20 mil nuevas plazas.
Impacto en la sobrepoblación
El ministro Rabat justificó este nuevo enfoque basándose en la crisis de infraestructura actual:
Si usted analiza que nos dejaron una sobrepoblación carcelaria de 146%, si logramos tener 40 mil plazas en este periodo de cuatro años, ese número va a bajar de manera muy relevante.
A pesar de la reducción en la ambición numérica de plazas, el presidente Kast recalcó que el plan incluye una modernización integral. Durante la Cuenta Pública, anunció un proceso de fortalecimiento en los regímenes de máxima seguridad, integrando tecnología de punta y controles de acceso rigurosos.
El modelo anunciado busca separar a los internos según su nivel de compromiso delictual y combinar la seguridad con programas de reinserción que abarcan educación, capacitación laboral, intervención especializada y tratamiento de adicciones. Con esta alianza entre el Estado y el mundo privado, el Ejecutivo espera mitigar la crisis penitenciaria actual sin la meta original de los 100 mil cupos.
