El sistema judicial de Irán ejecutó este lunes a dos ciudadanos tras dictar sentencia por su rol en las movilizaciones de enero contra la República Islámica. Mehrdad Mohammadinia y Ashkan Maleki fueron ahorcados tras ser declarados culpables de liderar disturbios y prender fuego a la mezquita Jafari.
Según el informe difundido por la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní, los condenados enfrentaron cargos por realizar “operaciones contrarias a la seguridad nacional en colaboración con el régimen sionista y el gobierno hostil de Estados Unidos”. La justicia iraní argumentó que los sujetos bloquearon calles, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad e incendiaron dos motocicletas con el propósito de desafiar al sistema religioso vigente.
Balance de ejecuciones y represión
Con este procedimiento, el número de personas ejecutadas por su participación en las protestas de enero se eleva a al menos 14 individuos. Estas manifestaciones, que buscaban el fin de la actual estructura política del país, fueron sofocadas bajo una política de represión severa que, según el recuento oficial, dejó un saldo de 3.117 personas fallecidas.
La disparidad en las cifras es un punto de tensión constante. Organizaciones internacionales, como la entidad opositora HRANA con base en Estados Unidos, estiman que la cantidad real de víctimas mortales supera las 7.000 personas. El contexto regional ha agudizado la situación desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, periodo en el cual el gobierno iraní ha intensificado la aplicación de la pena capital para aquellos señalados por supuestos vínculos extranjeros o participación en revueltas.
¿Cuál es el panorama actual en Irán?
Las estadísticas de Amnistía Internacional revelan un cambio drástico en la política punitiva del país. Durante el año 2025, el régimen ahorcó a 2.159 personas, lo que representa más del doble de los casos registrados en 2024. Este incremento posiciona a Irán como una de las naciones con la tasa de ejecuciones más alta a nivel mundial, alcanzando cifras no vistas en las últimas décadas. La tendencia sugiere que, mientras persista el conflicto bélico externo, las autoridades podrían mantener el uso acelerado de la pena de muerte como herramienta de control interno.
