Reacción oficial desde Chile
El Gobierno de Chile manifestó formalmente su profunda preocupación ante el deceso de Brooklyn Rivera Bryan, líder indígena de Nicaragua que falleció mientras permanecía bajo custodia estatal en un hospital de Managua. La Cancillería chilena hizo un llamado urgente para que se esclarezcan las circunstancias que rodearon este hecho.
A través de un comunicado público, el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno instó a realizar una investigación transparente, independiente y rigurosa sobre los motivos médicos que derivaron en el fallecimiento del exdiputado. El Gobierno reafirmó su compromiso con los estándares de protección humanitaria y la promoción de los derechos civiles en la región.
Contexto de la detención
El fallecimiento del dirigente de 73 años ocurrió este domingo, luego de que el Ministerio de Salud nicaragüense reportara, hace menos de una semana, un grave deterioro en su estado físico y neurológico. Según la versión oficial local, esta condición habría sido provocada por una bacteria derivada del virus del COVID-19.
Brooklyn Rivera, figura clave del movimiento indígena, había sido detenido por la policía el 29 de septiembre de 2023 en su domicilio. Desde ese momento, permaneció incomunicado, lo que llevó a Amnistía Internacional a calificarlo como un preso de conciencia bajo el régimen de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ostentan el poder en el país desde 2007.
Exigencia de normalización democrática
En su declaración, el Ejecutivo chileno vinculó este caso con el complejo escenario de derechos humanos que enfrenta Nicaragua, documentado ampliamente por organismos internacionales.
El deceso del exdiputado, incomunicado desde su detención en 2023, ocurre en un contexto de deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua
, enfatizó la Cancillería.
Finalmente, Chile reiteró su postura en instancias como la OEA y la ONU, insistiendo en la necesidad de avanzar hacia una normalización democrática. El comunicado subraya la importancia de restablecer la separación de poderes y garantizar la estabilidad regional mediante el respeto a las garantías fundamentales.