Crisis en la pesca de jibia y presión por cambios legales
La industria pesquera del Bío Bío ha solicitado formalmente al Gobierno y al Congreso revisar la regulación vigente para la captura de la jibia. Este requerimiento surge en un escenario laboral crítico, marcado por una alta tasa de desempleo regional —que supera los promedios nacionales y afecta principalmente a mujeres— y una drástica desvalorización del recurso, cuyo valor por kilo ha caído entre $350 y $400 pesos, reflejando una baja de cerca de $1.000 pesos respecto a la temporada anterior.
De acuerdo con datos de Subpesca, la cuota global de captura para 2026 se fijó en 200 mil toneladas. Del total, 195 mil toneladas corresponden a fraccionamiento: 175.500 toneladas para el sector artesanal y 19.500 toneladas para el industrial. Sin embargo, en los últimos tres años, los niveles de extracción han estado por debajo de la cuota global, lo que ha impulsado a los gremios industriales a buscar medidas para utilizar el recurso sobrante.
La postura del sector industrial
Juan Carlos González, presidente del sindicato de Patrones de Pesca y miembro del Personal Embarcado Industrial, sostiene que el Ejecutivo tiene una oportunidad clave para dinamizar la economía local. Según el dirigente, liberar recursos y modificar la actual ley —que limita el método de captura a la potera o línea de mano— permitiría aumentar la estadística de pesquería, que actualmente ronda las 100 mil toneladas, impulsando así el empleo en la región.
Hoy, el Ejecutivo tiene una tremenda oportunidad de promover la liberación de recursos, lo que va a subir el precio. Segundo: aumentar la estadística respecto a esta pesquería que el día de mañana va a ser fundamental, pero hoy está muy baja. Estamos en el orden de las 100 mil toneladas. El tercer elemento, y creo que es el más importante, es que va a dinamizar la economía de regiones como el Bío Bío y el país en general, y va a bajar el desempleo.
Alerta en el sector artesanal
Por su parte, los pescadores artesanales han manifestado su rechazo ante la posibilidad de reabrir el debate sobre la pesca de arrastre. Cristian Arancibia, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales, atribuye la caída de precios a los mercados internacionales y a las condiciones impuestas por los intermediarios en puerto, calificando la situación de injusta.
Además de la crisis económica, el sector enfrenta graves riesgos de seguridad. El alza en los costos de combustible obliga a los pescadores a maximizar su operatividad, lo que ha derivado en accidentes fatales recientes en el Maule y Talcahuano. Hernán Cortés, presidente de la Confederación para la Defensa del Patrimonio Pesquero, ha calificado la posible reapertura de la pesca de arrastre como un «desastre y un despropósito», cuestionando que la industria evite invertir en equipos de potera tal como lo hace la flota china presente en aguas nacionales. El futuro de la normativa sigue siendo incierto, manteniendo a la región en una tensión constante entre la rentabilidad industrial y la sostenibilidad artesanal.
