La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ratificó una importante multa contra la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) debido a los reiterados episodios de contaminación acústica detectados en el borde costero de la ciudad. El organismo regulador decidió rechazar el recurso de reposición interpuesto por la estatal, la cual buscaba dejar sin efecto la sanción económica original aplicada durante el año pasado.
La sanción, que asciende a 110 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivale aproximadamente a $93,1 millones. De acuerdo con los informes técnicos del caso, los niveles de ruido superaron los límites permitidos en las inmediaciones del recinto, siendo causados principalmente por el movimiento de grúas, el tránsito constante de camiones de carga y las maniobras ferroviarias asociadas a la operación logística.
Argumentos de la estatal y desestimación
Desde EPV, el equipo jurídico intentó revertir la multa mediante diversos argumentos, cuestionando la zonificación del área, las particularidades del régimen portuario, la responsabilidad sobre la intervención de los concesionarios y alegando una supuesta falta de fundamentos por parte de la autoridad. No obstante, la SMA descartó estas alegaciones y confirmó la responsabilidad administrativa de la empresa como coordinadora y administradora del puerto.
La voz de las comunidades afectadas
Tras conocerse la resolución, las agrupaciones vecinales que han liderado las denuncias manifestaron su respaldo a la medida. Claudia Martínez, dirigenta de la Agrupación Borde Costero Libre, señaló que este fallo valida años de advertencias sobre el impacto negativo de la actividad industrial en los sectores residenciales.
Tal como dice el fallo de la SMA, la actividad portu00a0actividad portuaria en el sector que está comprendido en el sector entre Edwards y Francia, que es la denuncia que nosotros hicimos, es incompatible con la salud humana.
En la misma línea, Pía Gajardo, representante de la organización Salvemos la Playa San Mateo, enfatizó que este caso marca un precedente importante sobre el impacto de la industria en el borde costero. Gajardo denunció que históricamente se ha invisibilizado la presencia de comunidades habitando en zonas aledañas al puerto, calificando como necesario el reconocimiento del efecto directo sobre la calidad de vida de los vecinos.
Estado actual y plazos legales
Pese a la confirmación de la sanción, el Puerto de Valparaíso aún conserva la facultad de recurrir a instancias judiciales superiores. La empresa tiene un plazo de 15 días hábiles para interponer un reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental. En caso de desistir de dicha acción y optar por el pago de la multa dentro del periodo establecido, la estatal podría acceder a un beneficio de rebaja del 25% sobre el monto total. ¿Logrará el puerto mitigar las molestias acústicas o se mantendrá el conflicto judicial con las comunidades del sector?
