La Municipalidad de Valparaíso fue condenada a pagar una indemnización superior a los $180 millones a la inmobiliaria Sogin SpA, firma vinculada al empresario Nicolás Ibáñez. El dictamen fue emitido por el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso tras el extenso litigio por el fallido proyecto inmobiliario conocido como Parque Pumpin, ubicado en el Cerro O’Higgins.
Si bien la resolución ordena este pago, el tribunal rechazó gran parte de las pretensiones de la demandante. La firma reclamaba originalmente una indemnización que superaba las 851 mil UF, lo que equivale a unos 34 mil millones de pesos. El juez desestimó las cifras más elevadas al considerar que la documentación aportada no demostraba una relación directa entre los gastos y el desarrollo del proyecto.
El argumento judicial y el impacto presupuestario
El fallo destacó que no existieron pruebas suficientes para acreditar ataques por parte del municipio hacia la empresa. En el documento judicial se señaló explícitamente:
La documentación acompañada no permitía acreditar que los gastos estuvieran directamente vinculados al desarrollo del proyecto. Tampoco se acreditó la existencia de ataques por parte de la Municipalidad.
Respecto al desglose del dinero, la justicia fijó el pago de $181.775.842 por derechos municipales y permisos urbanísticos cancelados por la inmobiliaria. Adicionalmente, el municipio deberá abonar $4.079.107 por conceptos de servicios básicos como agua, electricidad e internet utilizados en la mantención del sitio. En total, la cifra se aproxima a los 200 millones de pesos.
¿Qué dicen las autoridades locales?
La alcaldesa Camila Nieto defendió la postura del municipio, enfatizando que la carga de la prueba recaía en la contraparte. Antes del fallo, la jefa comunal sostuvo:
En el juicio, la carga de la prueba la tiene el demandante, en este caso. Nosotros, como municipio de Valparaíso, tomamos una postura de defender, por supuesto, lo que se venía haciendo anteriormente y defender el presupuesto municipal, porque aquí estamos hablando de recursos públicos.
Desde la administración municipal calificaron el resultado como “favorable”, argumentando que se logró frenar las pretensiones económicas más altas que amenazaban las arcas públicas. Por otro lado, el concejal Leonardo Contreras cuestionó la estrategia jurídica, criticando una supuesta falta de pruebas presentadas por el departamento legal del municipio.
¿Estamos ante el fin definitivo del conflicto? El concejal Contreras advirtió que el escenario legal está lejos de cerrarse, anticipando que la empresa recurrirá a la Corte de Apelaciones y probablemente se llegue hasta la Corte Suprema mediante una casación. Por ahora, el municipio asegura haber evitado el impacto financiero mayor que habría significado el pago total solicitado por la inmobiliaria de Nicolás Ibáñez.
