Cuestionamientos a la gestión y trayectoria
Una investigación reciente de la Unidad de Investigación de BioBioChile ha puesto en el centro de la polémica a la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. El reportaje revela antecedentes de su carrera profesional que han reactivado los cuestionamientos sobre su idoneidad para liderar una cartera estratégica en materia de seguridad.
El informe detalla que en 2020, Quintana fue objeto de una sanción administrativa consistente en una amonestación privada. La medida fue tomada por utilizar su antiguo cargo de fiscal para intervenir en un conflicto personal relacionado con una expareja, un hecho que ahora cobra relevancia ante su actual rol público.
Defensa de imputados y vínculos profesionales
El escrutinio también apunta a su ejercicio como abogada antes de integrarse al Gobierno. La investigación expone que Quintana participó en la defensa de imputados por causas criminales. Paralelamente, se indica que su pareja, el abogado Cristián Mardones, ha representado judicialmente a personas acusadas por delitos de narcotráfico.
Otro hecho relevante es que, antes de asumir su actual cargo gubernamental, Quintana patrocinó a una imputada involucrada en una organización dedicada a robos tecnológicos de gran cuantía. Según lo publicado, tras asumir en el Ejecutivo, dejó el patrocinio en manos de su hija, quien continuó con la representación legal de dicha causa.
Voces divididas en el Congreso
Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito han salido en defensa de la autoridad, argumentando que cada acción realizada por Quintana respondió al ejercicio legítimo de su profesión y descartando de plano cualquier conflicto de interés ético en sus funciones actuales.
Sin embargo, la oposición ha reaccionado con dureza. El diputado independiente del PPD, Jaime Araya, calificó como una contradicción su permanencia en el cargo, dado el respaldo que el Gobierno dice entregar a Carabineros. Araya enfatizó que la sanción recibida por la entonces fiscal, la cual involucró a efectivos policiales, es inaceptable.
“Es evidente que esto es solo discurso. Acciones concretas no existen y, la verdad, las cosas es que es incomprensible que una persona que le haya faltado el respeto a carabineros hoy día esté en la subsecretaría de Prevención del Delito”
No todos en la oposición comparten esta visión. El diputado Raúl Leiva (PS) sostuvo que no observa conflictos de interés ni inhabilitaciones, aunque sí aprovechó la instancia para cuestionar la gestión técnica de la subsecretaria y su relación con el Parlamento. En la misma línea, la diputada del Frente Amplio, Tatiana Urrutia, criticó el desempeño de la subsecretaría afirmando que arrastra problemas que van más allá de lo comunicacional.
“Lo peor es que esto no es solo un problema comunicacional. Se ha traducido en un mal desempeño legislativo, sin claridad, sin prioridades. La prevención no es un adorno”, sentenció Urrutia. Actualmente, Ana Victoria Quintana continúa bajo presión política mientras se mantiene la interrogante sobre si estos antecedentes afectarán la continuidad de su agenda en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
