La Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao, sumada a dos ciudadanos, ha iniciado una batalla legal ante el Primer Tribunal Ambiental. El objetivo es revertir la resolución que aprobó el proyecto minero “Exploraciones Aida”, impulsado por la empresa Minera Plata Carina SpA, tras acusar irregularidades en la evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Los reclamantes sostienen que la autoridad omitió las observaciones ciudadanas fundamentales durante el proceso de evaluación. El conflicto central radica en la ubicación de las faenas: un sector de alta sensibilidad ecológica cercano al Sitio Ramsar Salar de Tara y la Reserva Nacional Los Flamencos, donde los agricultores advierten un daño inminente a los acuíferos locales.
Amenazas hídricas y biodiversidad en el desierto
El temor principal apunta a la subsistencia del río Jere, recurso hídrico vital para la comunidad de Toconao, utilizado para consumo humano, labores agrícolas y ganadería. Según los demandantes, las perforaciones y sondajes de prospección profunda amenazan con alterar los flujos subterráneos que alimentan el caudal, poniendo en riesgo la base de la economía local.
La afectación también alcanzaría a la flora y fauna nativa. El libelo judicial advierte que la intervención interrumpirá corredores biológicos y dañará especies de valor etnobotánico y ceremonial para el pueblo Lickan Antai, destacando especialmente la tola y la chachacoma. Además, se argumenta que actividades tradicionales como la trashumancia y el pastoreo quedan bajo amenaza directa por la ocupación territorial minera.
Cuestionamientos técnicos de la DGA
Un punto clave de la reclamación es la postura de la Dirección General de Aguas (DGA). El organismo técnico formuló reparos sustanciales al modelo hidrogeológico presentado por la minera, señalando serias incertidumbres sobre la posible interceptación de flujos que nutren vegas y bofedales. La crítica principal se centra en que las medidas de mitigación propuestas por la empresa son de carácter reactivo, sin descartar impactos ambientales significativos.
El proyecto “Exploraciones Aida” contempla una inversión de un millón de dólares y una ejecución de tres meses, tiempo en el que se realizarían ocho plataformas de sondaje y perforaciones diamantinas para buscar cuerpos mineralizados. Ante la relevancia del caso, el Primer Tribunal Ambiental decidió acumular esta causa con una reclamación previa ingresada el 11 de mayo por la Comunidad Indígena Atacameña de Toconao.
Con la unificación de los expedientes, la justicia ambiental tramitará ambos reclamos de forma conjunta. Este proceso judicial marca un precedente clave para el equilibrio socioambiental en la Provincia de El Loa durante este 2026, manteniendo en suspenso el futuro de las operaciones proyectadas en la zona.
