La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha generado un complejo escenario de desavenencias al interior de la oposición. Aunque el libelo aún no se ha presentado de manera formal, la iniciativa impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano no ha logrado el respaldo unánime de las bancadas de derecha.
La arremetida surgió luego de que el actual titular de la cartera, Jorge Quiróz, expusiera una serie de inconsistencias críticas en los Informes de Finanzas Públicas. Específicamente, se detectó la omisión de una deuda pública que asciende a cerca de 10.500 millones de dólares, correspondiente al cuarto trimestre de 2025.
¿Por qué Chile Vamos y el PDG se restan del apoyo?
Pese a las expectativas del bloque impulsor por sumar a Chile Vamos, el apoyo ha sido esquivo. El diputado republicano Agustín Romero ha presionado para lograr un respaldo transversal, argumentando que “aquí está en juego la confianza de los chilenos en las entidades y en el manejo de las finanzas públicas”.
Sin embargo, las posturas dentro del sector son divergentes. El senador de la UDI, Iván Moreira, calificó la medida como inoportuna, señalando que la prioridad actual de su sector es “buscar apoyos a la megarreforma”. Además, el parlamentario gremialista lanzó una dura crítica interna, acusando que pareciera existir “una competencia entre quienes son los países más de derecha dura”.
Por su parte, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Patricio Briones, también se desmarcó de la ofensiva. Según su análisis, el libelo “desvía la atención de lo importante”, refiriéndose a la necesidad de concretar soluciones reales para los problemas ciudadanos.
Plazos y futuro de la ofensiva constitucional
Actualmente, el tiempo es un factor determinante, ya que los impulsores cuentan con un plazo de apenas dos semanas para presentar la acción debido a las reglas de prescripción aplicables al caso. Pese a la falta de consenso, los partidos que promueven la acusación han adelantado que la presentación formal se concretará recién después de la próxima Cuenta Pública.
¿Logrará la derecha alinear a sus bancadas antes del vencimiento del plazo o se diluirá el intento fiscalizador? Por ahora, la tensión política persiste y la incertidumbre sobre la viabilidad de este proceso continúa marcada por la priorización de la agenda legislativa sobre la ofensiva constitucional.
