El Gobierno de Chile salió a despejar las dudas tras el reciente traslado de los tres únicos reos comunes que permanecían recluidos en el penal de Punta Peuco. Ante las críticas, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, aseguró que la decisión responde estrictamente a criterios técnicos de Gendarmería y no a una maniobra política, buscando poner fin a la polémica generada en el sector oficialista.
¿Por qué se trasladó a los reos de Punta Peuco?
Desde el Ejecutivo enfatizaron que el procedimiento fue ejecutado por Gendarmería de Chile basándose en sus facultades institucionales, el marco normativo actual y criterios de segmentación carcelaria. Además, la autoridad penitenciaria aclaró que los tres internos solicitaron su traslado de forma voluntaria. Según Silva, estos reclusos habían ingresado al recinto durante el gobierno anterior, por lo que la medida actual busca normalizar la administración del servicio penitenciario.
Respecto a las acusaciones de un posible trato especial, el subsecretario fue tajante:
Como ha dicho Gendarmería, fue una decisión técnica o basada en criterios técnicos y nada más. Es una decisión del servicio. Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior, y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. Esa es la pregunta que hay que hacerse.
Rechazo y críticas del oficialismo
La postura del Gobierno no convenció a sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista, quienes calificaron la medida como un retroceso en la homologación carcelaria. El secretario general del Frente Amplio, Simón Ramírez, calificó el hecho como una “señal preocupante”, argumentando que “nos parece fundamental que no se hagan diferencias entre los reos” y criticó al ministro de Justicia, Jaime Rabat, por poner en duda las políticas de igualdad penitenciaria.
Por su parte, la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, fue más severa al señalar que el Ejecutivo está transformando nuevamente Punta Peuco en un lugar de privilegios para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. La parlamentaria anunció el envío de un oficio formal al Ministerio de Justicia para que se expliquen las razones detrás de lo que calificó como una “aberración”.
Pese a las fuertes declaraciones políticas, Gendarmería ha cerrado filas y sostiene que el proceso se rigió por un “respeto irrestricto a los derechos humanos”, garantizando la seguridad y habitabilidad de la red de recintos penitenciarios. Por ahora, el Gobierno mantiene su postura técnica, mientras la oposición mantiene la presión a través de fiscalizaciones parlamentarias sobre el futuro de la gestión en este recinto.
