La Comisión de Constitución del Senado aprobó una propuesta para incrementar las penas máximas destinadas a los menores que infrinjan la ley, en el marco del proyecto de reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La instancia también avaló una modificación en la forma de calcular la duración de las sanciones para adolescentes, buscando una mayor equiparación con las penas impuestas a adultos por crímenes similares.
Específicamente, se elevaron los límites de las condenas, estableciendo un máximo de 15 años de prisión para jóvenes de 16 y 17 años, y de 10 años para aquellos de 15 y 16, en los delitos catalogados como los más graves dentro del Código Penal.
El senador Andrés Longton de Renovación Nacional, impulsor de la iniciativa, enfatizó la importancia de establecer reglas objetivas para la determinación de penas en el catálogo de crímenes violentos. Longton ejemplificó con un caso de homicidio simple, donde la pena oscila entre 10 y 20 años.
“Si en un homicidio simple la pena es de 10 a 20 años, lo que ocurre en la actualidad es que algunos jueces empiezan a calcular la disminución desde el mínimo, desde los 10 años. Y eso distorsiona la aplicación de todas las reglas y, en definitiva, termina en una pena muy baja”, sostuvo el senador Longton.
Por su parte, la senadora Claudia Pascual del Partido Comunista, interpeló al ejecutivo, indicando que el objetivo inicial de la normativa era endurecer las sanciones para los reincidentes, pero que, en la práctica, se están aumentando las penas de manera generalizada. Pascual aclaró que no busca impunidad, sino preservar la posibilidad de reinserción social de los jóvenes.
“No estoy buscando que no se pague por un delito cometido, pero que tengan la posibilidad de no terminar condenando a que alguien que cometió un delito, a los 12, 13, 14, para siempre terminó con un historial delictivo y nunca más hubo ninguna posibilidad“, expresó Pascual.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que la intención del oficialismo no es impedir la reinserción, pero advirtió que la propuesta se basa en el argumento de expertos que señalan una mayor tendencia a la reincidencia en autores de delitos violentos.
“Tienen una aproximación mayor a aquellos responsables de delitos violentos, a diferencia de los otros, a reinicidir. El proyecto busca que estén en régimen cerrado efectivo”, dijo Squella.
En contraste, Jorge Fiol, coordinador del Área Jurídica de la Subsecretaría de Derechos Humanos, recordó que las penas para menores deben ser siempre inferiores a las de adultos y que periodos prolongados en prisión reducen las chances de reinserción.
“La sanción del adolescente siempre tiene que guardar una proporcionalidad que es inferior a la del adulto. Poner una sanción que vaya en una extensión demasiado larga en el tiempo, va a terminar en ninguna efectiva reinserción social de esa persona“, subrayó Fiol.
Adicionalmente, la comisión dio luz verde a una norma que establece que los delitos contra la propiedad cometidos por menores, como los “portonazos y encerronas”, serán sancionados como consumados. Anteriormente, estos delitos se podían clasificar como tentados o frustrados, lo que implicaba una reducción en la pena.
