Una nueva iniciativa legislativa busca modificar el artículo 66 del Código del Trabajo en Chile, con el objetivo de elevar a 20 días corridos el permiso laboral por fallecimiento de un hijo, cónyuge o conviviente civil. El proyecto fue presentado formalmente por los senadores Miguel Ángel Calisto, Gastón Saavedra, Daniel Núñez, Matías Walker y la senadora Andrea Balladares, quienes argumentan que la regulación actual resulta insuficiente ante el impacto emocional que conlleva una pérdida de esta naturaleza.
¿Qué cambios se proponen para el trabajador?
Actualmente, la normativa legal vigente otorga 10 días de permiso por la muerte de un hijo y 7 días en caso de fallecimiento del cónyuge o conviviente. De aprobarse esta propuesta, se estandarizaría el beneficio en 20 días pagados. Además, el proyecto incluye una modificación clave en la estabilidad laboral: extender el fuero de un mes a tres meses, contados desde la fecha del deceso.
La ciencia del comportamiento y la experiencia comparada demuestran que este proceso no se resuelve en diez días; sus efectos emocionales y psicológicos se extienden en el tiempo, incidiendo de forma directa en la capacidad laboral.
Los parlamentarios sostienen que la angustia por una eventual pérdida de ingresos agrava el duelo. Al respecto, el documento señala: “El riesgo o temor a perder el empleo o los ingresos en medio de una pérdida tan significativa constituye una fuente de angustia adicional que agrava la situación del trabajador doliente. Al extender el fuero a tres meses, se otorga una estabilidad crucial para enfrentar el trance con mayor dignidad”.
Evolución histórica y perspectiva legal
Los impulsores de la reforma destacan que la legislación laboral en Chile ha tenido un avance progresivo en las últimas décadas. Recuerdan que el derecho ha pasado de permitir apenas un solo día en 1993, a 7 días en 2006 con la Ley N° 20.137, y finalmente a los 10 días establecidos en 2021 mediante la denominada “Ley Dominga”.
Para los senadores, esta nueva propuesta representa la “maduración natural” del sistema para garantizar una tutela efectiva del Estado en momentos de alta vulnerabilidad. Si bien el proyecto recién comienza su tramitación, busca poner sobre la mesa la necesidad de actualizar los marcos laborales frente a los desafíos humanos del duelo. ¿Logrará esta iniciativa el consenso político necesario para convertirse en ley y aliviar la carga de los trabajadores afectados?
