Una compleja situación vive una familia del sector Camino Real en Valdivia, tras recibir la negativa del Cementerio Municipal N° 1 para sepultar a un familiar en un terreno comprado hace 40 años. La administración del recinto justificó la decisión alegando que el camposanto se encuentra prácticamente colapsado, impidiendo el uso de la sepultura familiar adquirida originalmente para el abuelo, su esposa y sus tres hijos.
El afectado, Diego Reyes, sobrino del fallecido e hijo de una de las personas enterradas allí hace cuatro años, manifestó su indignación. Según relató, la familia esperaba realizar el funeral en el espacio familiar, pero se encontraron con que la administración solo autorizaría una nueva inhumación a través de una reducción, proceso que recién podría ejecutarse en 10 años más. Ante esto, los encargados ofrecieron como alternativas el arriendo de otro nicho, la compra de un nuevo terreno en el Cementerio Municipal N° 2 o la opción de una fosa común.
Administración argumenta colapso técnico
Guido Yobanolo, administrador de los cementerios municipales de Valdivia, reconoció que el recinto está al límite de su capacidad. Respecto a la molestia familiar por no haber sido informados previamente durante las consultas realizadas en el lugar, el funcionario explicó que existen normas técnicas estrictas para las inhumaciones.
El administrador señaló que sobre el terreno no se puede sepultar, debiendo para ello establecerse un espacio mínimo de un metro y 30 centímetros de la superficie para enterrar un féretro.
Yobanolo desmintió la creencia popular de que es posible sepultar a distintos difuntos en un solo terreno sin más trámite, aclarando que esto solo es viable mediante una reducción legal. Sobre las dificultades del terreno, explicó que las condiciones de humedad y la lentitud natural en la reducción de los cuerpos complican las faenas actuales. El funcionario añadió que, ante la crisis de espacio, el municipio ofrece facilidades de pago en cuotas para adquirir sepulturas en el Cementerio Municipal N° 2.
Mientras la familia busca alternativas ante la urgencia del funeral, el caso abre un debate sobre la capacidad real de los recintos públicos en la capital regional y la transparencia en la información entregada a los usuarios sobre sus derechos de uso a largo plazo.
