Un fallo judicial sentenció a presidio perpetuo simple a Gonzalo Pailahueque Hualla, declarado culpable por el femicidio de su pareja, Ruby Queipul Licán. El crimen ocurrió en la comuna de Victoria, región de La Araucanía, el pasado 30 de enero de 2024.
El ataque se produjo dentro del domicilio que ambos compartían, mientras la víctima se encontraba en el sector del living. Según los antecedentes, el condenado utilizó un cuchillo para propinar múltiples heridas en diversas partes del cuerpo de la mujer, específicamente en la espalda, el cuello y el tórax.
Detalles del brutal femicidio en La Araucanía
El fiscal Aldo Osorio confirmó que la agresión fue constante, señalando que el imputado apuñaló a la víctima “reiteradamente en su espalda, tórax anterior, rostro, causándole la muerte al interior del domicilio que ambos compartían en la comuna de Victoria, hecho ocurrido en la en presencia de dos hijas comunes menores de edad”. El Ministerio Público ratificó que el agresor continuó atacando a Ruby Queipul Licán incluso cuando ella ya se encontraba en el suelo.
La tragedia cobra un impacto aún mayor al confirmarse que el femicidio ocurrió frente a las dos hijas de la pareja, quienes en ese entonces tenían 14 y 9 años. Debido a la gravedad de las lesiones, incluyendo una herida penetrante cardíaca, la víctima falleció horas después de ser trasladada al Hospital de Victoria.
Sentencia y accesorias legales
Aunque la Fiscalía solicitó inicialmente la pena de presidio perpetuo calificado, el Tribunal resolvió aplicar presidio perpetuo simple tras acreditar la agravante de haber cometido el delito ante la presencia de las hijas de la víctima. Además de la reclusión, Gonzalo Pailahueque Hualla fue inhabilitado de forma absoluta y perpetua para cargos públicos y derechos políticos.
Como parte de las medidas adicionales, el condenado deberá cumplir con las siguientes disposiciones:
- Vigilancia de la autoridad durante diez años tras el cumplimiento de su pena.
- Informar periódicamente su domicilio al tribunal competente.
- Inscripción obligatoria en el Registro Nacional de ADN de Condenados.
Actualmente, el condenado se encuentra a disposición de Gendarmería para el cumplimiento de su sentencia. La resolución marca un precedente por la consideración de la presencia de menores de edad como agravante directa, quedando ahora el caso cerrado en primera instancia judicial.
