La Comisión de Gobierno del Senado retomó este miércoles el debate del proyecto de ley que busca perfeccionar el proceso de expulsiones administrativas en Chile. La instancia contó con la presencia del subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quienes enfatizaron la necesidad de dotar al Estado de herramientas eficaces para combatir el crimen organizado y deportar a extranjeros que delinquen en el país.
Uno de los puntos críticos abordados fue la falta de personal uniformado para ejecutar estas órdenes de manera eficiente. Para solucionar este déficit de capital humano, el Gobierno propuso un plan que incluye incentivos económicos y la creación de nuevas escuelas policiales en el territorio nacional. Al respecto, el subsecretario Andrés Jouannet explicó que el Ejecutivo está enfocado en garantizar los recursos humanos necesarios para la implementación de la normativa:
Respecto a lo que a nosotros nos compete, es proveer -cuando la ley esté ya como corresponde- del material humano policial para que las expulsiones se concreten.
Polémica por la definición de orden público
Durante la discusión del articulado, se generó un debate sobre la norma que facultaría al Ministerio del Interior para decretar expulsiones administrativas bajo el concepto de «motivos de orden público». El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, cuestionó la ambigüedad jurídica de esta redacción:
Que se va a entender como un motivo de orden público. Simplemente, como viene así señalado para la expulsión administrativa, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipificación jurídica tiene eso respecto de que sea el mérito suficiente para poder sacar?
Críticas por la ausencia del ministro Arrau
La sesión también estuvo marcada por el malestar parlamentario debido a la inasistencia del ministro de Seguridad, Martín Arrau. La senadora del Partido por la Democracia, Loreto Carvajal, recriminó que el secretario de Estado no estuviera presente en un proyecto tramitado con suma urgencia, especialmente cuando también había sido citada la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.
Debido a los problemas de agenda que presentaron los subsecretarios, la comisión acordó suspender el análisis hasta la vuelta de la semana distrital. De esta manera, el debate legislativo sobre las expulsiones se retomará formalmente en el mes de junio, manteniendo abierta la interrogante sobre cómo se definirán finalmente los criterios jurídicos para las deportaciones administrativas.
