El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, oficializó un requerimiento ante la Contraloría General de la República respecto al proceso de demolición que afecta a las primeras cuatro viviendas en el sector de El Olivar, en la comuna de Viña del Mar. La acción legal surge ante la creciente preocupación de vecinos y dirigentes de la zona, quienes han cuestionado la falta de antecedentes técnicos claros sobre la medida enmarcada en la reconstrucción tras los megaincendios de inicios de 2024.
¿Por qué hay polémica por las demoliciones en Viña del Mar?
El plan de reconstrucción contempla un total de 56 viviendas con observaciones estructurales que requerirían ser intervenidas. Pese a esto, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso aclaró que el procedimiento actual se limita exclusivamente a cuatro casas y que se realiza bajo el consentimiento de las familias propietarias. Aún así, el parlamentario sostuvo que la inquietud persiste en la comunidad.
En conversación con Radio Bío Bío, el legislador detalló los motivos de su presentación ante el ente contralor:
Nosotros enviamos a Contraloría esta intención de la demolición porque, conversando con muchos dirigentes, han planteado que muchos no están de acuerdo con que las casas sean demolidas y están pidiendo antecedentes técnicos.
Las exigencias de Ibáñez ante la reconstrucción
Diego Ibáñez enfatizó que su intención no es obstaculizar el trabajo del Ejecutivo, pero llamó a actuar con extrema responsabilidad. El senador recordó que existe un compromiso ministerial de finalizar la reconstrucción durante este año y cuestionó el avance actual del proceso.
“Si es que vamos a proponer demoler. Bueno, el propio ministro dijo que este año iba a tener todas las casas reconstruidas, todas, y ya estamos a mitad de año y, si es que se estancaron las construcciones, tiene que haber una alternativa que haga viable la promesa de tener todo reconstruido este año y eso es lo que vamos a exigir”, declaró el parlamentario.
Finalmente, el senador descartó que esta acción busque iniciar un “gallito político” con el Gobierno. Según explicó, el informe fue enviado hace aproximadamente dos semanas y aún permanece sin respuesta. Ibáñez concluyó que su prioridad es evitar que las familias sigan sufriendo por la falta de una solución habitacional definitiva, mientras se mantiene a la espera de que el organismo fiscalizador entregue claridad sobre los protocolos técnicos de las demoliciones.
