Acción legal por fraude y lavado de activos
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha formalizado una querella criminal contra un exfuncionario del Gobierno Regional (GORE) de La Araucanía, junto a su pareja y su suegra, bajo los cargos de fraude al fisco y lavado de activos. Esta medida judicial busca sancionar una estructura que habría operado para desviar fondos públicos mediante la creación de empresas ficticias.
Los imputados en esta causa son Roberto Soto, exfuncionario de la entidad regional, Marlene Inzunza y la madre de esta, Silvana Sepúlveda. El grupo ya había sido formalizado durante el mes de enero por diversos delitos de carácter económico.
Empresas de papel y el origen del desfalco
Según los antecedentes expuestos por el fiscal Raúl Espinoza, los involucrados montaron empresas de papel con el único objetivo de adjudicarse subsidios estatales a través de diversos concursos públicos. Los recursos comprometidos en estas irregularidades ascienden a más de 140 millones de pesos, dinero que provenía originalmente de transferencias del GORE hacia la Agencia de Desarrollo y la Universidad Autónoma para financiar programas específicos, algunos de los cuales estaban bajo la supervisión directa del entonces funcionario.
La postura del gobernador René Saffirio
El actual gobernador de La Araucanía, René Saffirio, valoró la determinación tomada por el CDE, aunque no ocultó su crítica respecto a los tiempos del proceso. La autoridad señaló que la acción llega con un retraso considerable si se considera que la formalización de los involucrados ocurrió en enero pasado.
El gobernador, René Saffirio, valoró la querella del Consejo de Defensa del Estado, aunque -dijo- es una acción que llega con demora considerando que la formalización se realizó en el mes de enero.
Desde el Gobierno Regional se ha planteado que esta querella marca un precedente necesario. Según Saffirio, este movimiento judicial abre la puerta para que el organismo estatal continúe presentando acciones legales contra otros empresarios o personas que fueron formalizadas por irregularidades en el uso de recursos destinados a la Agencia de Desarrollo Regional. Se espera que en las próximas semanas se definan nuevas diligencias para esclarecer el destino final de los dineros y las responsabilidades penales de cada uno de los implicados.
