La Comisión de Salud del Senado encendió las alarmas al rechazar de forma unánime el recorte presupuestario propuesto para el Ministerio de Salud (Minsal). La instancia legislativa, encabezada por el senador Juan Luis Castro, advirtió que esta medida pone en peligro directo el funcionamiento de los hospitales, la continuidad de la atención primaria y los esfuerzos para reducir las listas de espera en el sistema público.
Ante este escenario, la comisión acordó citar formalmente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para el próximo 4 de junio. El objetivo es que la autoridad explique los alcances del ajuste financiero y sus posibles repercusiones en la red sanitaria. El senador Castro fue categórico al señalar que el Ejecutivo se autogeneró un conflicto innecesario, argumentando que en la salud pública no hay recursos que sobren ni personal que pueda ser prescindible.
Un grave problema creado por él mismo a través de su ministro de Hacienda. ¿Cuál es? Simplemente recortar los recursos de la salud, porque en la salud no sobra un solo peso, no sobra ni un solo trabajador.
Tensiones en el Congreso por la estrategia fiscal
La discusión escaló rápidamente en el plano político. La senadora Karol Cariola cuestionó duramente la coherencia fiscal del Gobierno, exponiendo una aparente contradicción entre las prioridades del Ejecutivo. Cariola denunció que, mientras se restan 400 mil millones de pesos a la salud pública, la reforma tributaria plantea una reducción equivalente por concepto de IVA a las grandes inmobiliarias.
En la misma línea, la senadora Ximena Órdenes calificó el recorte como una decisión arbitraria que podría comprometer la capacidad operativa de los hospitales en el corto plazo. Por su parte, la dirigenta de la Confusam, Gabriela Flores, celebró la postura de la comisión, destacando que esta intervención es fundamental para proteger el financiamiento de la atención primaria en todo el país.
La defensa del Ejecutivo y el foco en el cáncer
Paralelamente, el Minsal justificó su gestión anunciando una redistribución de 3.947 millones de pesos. Estos fondos, originalmente asignados al programa de APS Universal, serán pausados para financiar labores de detección temprana de cáncer. El Gobierno sostiene que esta reasignación busca optimizar recursos en una de las principales causas de muerte en Chile.
Mientras el Ejecutivo insiste en que estas medidas permiten reforzar áreas críticas, el flanco abierto en el Congreso crece. La cita programada para junio será decisiva para determinar si el Gobierno mantendrá su postura frente a las presiones parlamentarias o si, tras las críticas transversales, el Ministerio de Hacienda deberá revaluar la magnitud del impacto en la red asistencial nacional.
