En medio de las dudas sobre quién lideró realmente el operativo en Temucuicui, el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, salió al paso para aclarar las competencias de cada institución. En conversación con Radio Infinita, la autoridad fue tajante: el Ministerio de Seguridad no tuvo conocimiento previo del procedimiento que terminó con la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán.
¿Cuál es la relación entre el Gobierno y la Fiscalía en las investigaciones penales? Según Garrido, la comunicación con las autoridades políticas ocurre únicamente una vez que el operativo ya ha sido concretado. El fiscal explicó que el Ministerio de Seguridad tiene una labor de carácter general, enfocada en la logística y necesidades de las policías, pero carece de facultades para intervenir en la planificación operativa.
La desmentida sobre el rol del Ejecutivo
El persecutor fue enfático al señalar que el Ministerio Público es el único organismo con la función constitucional de dirigir las investigaciones y ejercer la acción penal pública.
A las autoridades políticas se les da esta información cuando el operativo ya está obviamente concretado, porque siempre hay que informar a las autoridades para que se sepa lo que está ocurriendo
, sostuvo Garrido ante los micrófonos de la emisora.
El punto de conflicto surgió tras los dichos de la exministra Trinidad Steinert, quien se adjudicó la responsabilidad del exitoso procedimiento en Ercilla, calificándolo como un trabajo del Gobierno. Ante esto, el fiscal nacional (s) aclaró que, aunque se realizan coordinaciones permanentes con las policías y el Ejército, la planificación de las diligencias específicas es potestad exclusiva de la policía bajo la orden directa del Ministerio Público.
¿Hubo molestia en la Fiscalía?
Al ser consultado sobre si las declaraciones de Steinert causaron incomodidad en el ente persecutor, Garrido intentó bajar el perfil a la tensión, asegurando que él, al menos, no ha percibido tal molestia. En sus palabras, la visión de la exsecretaria de Estado correspondería a una interpretación sobre la coordinación general del Estado, desestimando que el Ejecutivo haya tenido injerencia real en el operativo contra Huenchullán.
El caso, que ha puesto en evidencia la tensión por el control de la agenda de seguridad en La Araucanía, mantiene a la opinión pública atenta sobre los límites institucionales. Por ahora, queda claro que la Fiscalía busca reafirmar su autonomía frente a cualquier intento de capitalización política de sus procedimientos judiciales.
