El dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el denominado “jueves de almuerzo” en el casino de La Moneda ha desatado una fuerte arremetida política. El ente contralor descartó cualquier tipo de irregularidad administrativa o sanitaria en la participación de la Primera Dama, María Pía Adriasola, en dicha instancia, lo que generó inmediatas reacciones en el Congreso.
Los parlamentarios oficialistas Stephan Schubert (REP), Francisco Orrego (RN), Francesca Muñoz (PSC) y Erich Grohs (PNL) salieron en defensa de la gestión gubernamental, fustigando al diputado Daniel Manouchehri (PS), quien fue el autor del oficio que motivó la investigación.
Críticas a la gestión de recursos institucionales
Stephan Schubert (REP) cuestionó duramente el uso de las herramientas de fiscalización por parte del diputado socialista. Según el parlamentario, existe una tendencia a “hacerse famoso” mediante el uso incorrecto de las instituciones y la preocupación por “nimiedades”.
¿Cuántas horas estuvieron aquí disponibles para hacer este informe por una denuncia que nunca debió haberse hecho, por un asunto mínimo, preocupado de unos guantes, de una cofia? Creo que es un llamado para ser serios en la política.
En la misma línea, Francisco Orrego (RN) sostuvo que el organismo contralor sepultó las denuncias, calificándolas de infundadas. A su juicio, la maniobra buscaba “sacar provecho político de un gesto colaborativo”, añadiendo que el país está cansado de una “política de trincheras que solo busca el escándalo”.
Tensión en el debate legislativo
La diputada Francesca Muñoz (PSC) calificó la arremetida como una muestra de una izquierda “malintencionada y obsesionada con levantar shows mediáticos”. Para la legisladora, el único fin era atacar políticamente al Gobierno, ignorando que la Primera Dama simplemente estaba expresando su “esencia de servicio”.
Por su parte, Erich Grohs (PNL) fue enfático al señalar que el oficio presentado ante la CGR constituyó un “show mediático” y una “trinchera ideológica”. El diputado exigió a la oposición que “eleve el nivel del debate” y se enfoque en las “necesidades reales del país”.
Tras este pronunciamiento de la Contraloría, el escenario político parece marcar un punto de inflexión. Mientras el oficialismo pide centrar los esfuerzos en las urgencias ciudadanas y terminar con las polémicas artificiales, queda la duda de si este llamado a la cordura será acogido en el Congreso o si la estrategia de fiscalización continuará siendo el eje del conflicto en las próximas sesiones legislativas.