El origen de una apuesta fallida
La designación de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad fue la jugada más arriesgada del gabinete de José Antonio Kast. Su nombramiento se concretó tras un intenso proceso de persuasión por parte del Mandatario, quien la convenció de abandonar su puesto como Fiscal Regional de Tarapacá para liderar esta cartera clave. Sin embargo, lo que prometía ser una gestión técnica sólida terminó en una rápida pérdida de confianza presidencial y un desplome constante en las mediciones de opinión pública.
El episodio crítico ante el Congreso
La exposición de Steinert ante la Cámara de Diputados el martes pasado marcó el punto de no retorno. Durante su presentación, se le percibió visiblemente nerviosa y con dificultades al momento de leer sus minutas. La situación se agravó cuando los parlamentarios de oposición le impidieron proyectar el Power Point que tenía preparado, dejando en evidencia su falta de manejo ante el cuerpo legislativo y acelerando su salida del gabinete, que ahora cuenta con tres biministros.
Gestiones cuestionadas y falta de agenda
A solo 48 horas de asumir, la ministra protagonizó un conflicto que descolocó a La Moneda al intervenir ante el director de la PDI, Eduardo Cerna. Steinert realizó gestiones personales vinculadas a su etapa como fiscal, lo que culminó con la remoción de la jefa de Inteligencia, Consuelo Peña. Este incidente fue el primero de una cadena de errores que incluyó la invocación errónea de la Ley de Seguridad del Estado y un reconocimiento público sobre la ausencia de un programa formal de seguridad.
El impacto en las encuestas y el equipo legal
El deterioro de su imagen fue drástico: la exministra sufrió una caída de 17 puntos en la encuesta Cadem desde que inició su gestión, convirtiéndose en la segunda secretaria de Estado peor evaluada del equipo de gobierno. Otro factor decisivo fue el manejo de crisis, evidenciado en el caso Lincolao, tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, el pasado 8 de abril en la Universidad Austral. La respuesta judicial fue calificada como fallida, siendo ejecutada por un nuevo equipo de abogados contratado directamente por la ministra, quienes carecían de la experiencia necesaria para afrontar tareas de esta envergadura.
