El caso de Marcelo Moya: de la condena al puntaje nacional
Marcelo Moya, un recluso que cumple una condena de 12 años por delitos de abuso sexual y almacenamiento de pornografía infantil, logró que la Corte de Apelaciones de Santiago ordene a Gendarmería de Chile habilitarle acceso restringido a internet para cursar estudios superiores. La decisión judicial llega tras conocerse que el interno obtuvo puntaje nacional en la PAES 2025.
El caso, revelado por Biobío Investiga, se remonta al año 2014, cuando Moya fue detenido tras una alerta internacional emitida desde Alemania. Interpol detectó que desde una dirección IP en Chile se descargaba material de explotación sexual infantil. Tras la intervención policial en el domicilio de su padre, el imputado confesó los hechos y entregó dispositivos con material ilícito, siendo posteriormente sentenciado a una pena que finalizará el 28 de octubre de 2029.
La pugna por el acceso a la tecnología en el penal
Tras obtener su destacado resultado en la PAES, Moya manifestó su intención de estudiar Ingeniería bajo la modalidad online. Sin embargo, Gendarmería se negó inicialmente a la solicitud, argumentando una falta de infraestructura técnica y de seguridad. La institución señaló que el penal no contaba con espacios físicos habilitados, computadores disponibles ni conexión a internet, además de manifestar preocupación por el riesgo de uso indebido de la red por parte del condenado.
Por su parte, el abogado defensor, Ricardo Bravo Cornejo, insistió en que el acceso debía ser controlado y fiscalizable. Según el jurista, no se trata de un permiso abierto de navegación, sino de una medida limitada exclusivamente a plataformas educativas autorizadas para fomentar la reinserción.
El fallo de la Corte de Apelaciones
La Corte de Apelaciones finalmente acogió el recurso de protección presentado por la defensa. En el fallo, el tribunal argumentó que el derecho a la educación de Moya se mantiene vigente pese a su privación de libertad y que las dificultades técnicas señaladas por Gendarmería son «salvables».
Al haber perdido el plazo legal para apelar, Gendarmería deberá cumplir obligatoriamente con la resolución, la cual ordena habilitar un espacio físico, con computador y acceso restringido a la red. El abogado Bravo concluyó que, si el sistema penal busca evitar la reincidencia, debe facilitar herramientas de formación para que los condenados puedan reconstruir sus proyectos de vida.
