La Universidad de Chile marcó un punto de inflexión en su relación con Azul Azul. Tras el reciente allanamiento realizado por la PDI y el Ministerio Público al Centro Deportivo Azul (CDA), la casa de estudios oficializó su profunda preocupación por el estado actual de la concesionaria que administra al club deportivo.
¿Por qué la universidad decidió intervenir ahora? El conflicto radica en la investigación judicial que afecta al expresidente de Azul Azul, Michael Clark. La institución educativa sostiene que los hechos recientes validan las advertencias que ya habían realizado durante la última junta ordinaria de accionistas, donde ya se vislumbraban problemas críticos.
Gobierno corporativo bajo la lupa
La universidad no solo se refirió a los sucesos policiales, sino que apuntó directamente a los mecanismos internos de la sociedad anónima. Según el comunicado oficial, existen deficiencias estructurales graves:
- Una marcada falta de transparencia en la entrega de información por parte de la sociedad.
- Un débil gobierno corporativo, aspecto que consideran inaceptable dada la relevancia deportiva y pública que posee la institución.
La institución enfatizó que el vínculo con la sociedad anónima obliga a velar por el correcto cumplimiento del convenio suscrito, además de cautelar el prestigio de la casa de estudios conforme al artículo 63 de su estatuto institucional.
Acciones legales y futuro del convenio
Ante este escenario, la entidad universitaria anunció una medida concreta para blindar sus intereses: encargaron la elaboración de un informe jurídico especializado al académico de la Facultad de Derecho, Andrés Jana Linetzky. El objetivo del documento será determinar el alcance legal de los eventos actuales y evaluar cómo estos podrían impactar en el convenio vigente entre la universidad y Azul Azul.
Además, este informe deberá proponer posibles cursos de acción para resguardar los derechos de la universidad frente a los hallazgos de la investigación penal. El análisis final será entregado a la próxima autoridad universitaria que asuma la rectoría, quien tendrá en sus manos la decisión de aplicar eventuales modificaciones o cambios en la relación contractual. Por ahora, la universidad mantiene una vigilancia permanente sobre el avance de las indagatorias para definir sus próximos pasos.
