El Gobierno de Chile ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de otorgar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas cuando se encuentren operando bajo un Estado de Excepción Constitucional. La iniciativa busca modificar la ley N°18.415 para permitir que los uniformados realicen controles preventivos de identidad y detenciones por flagrancia, funciones que actualmente recaen mayoritariamente en las policías.
¿Qué facultades tendrán los militares en el terreno?
La propuesta, que ya ingresó al Congreso, solicita incorporar un nuevo artículo a continuación del 7° de la citada normativa. Bajo este nuevo marco, el personal militar desplegado bajo el mando del Jefe de la Defensa Nacional estaría habilitado legalmente para ejecutar las siguientes acciones:
- Practicar controles de identidad y realizar registros de vestimentas, equipajes o vehículos, conforme a lo establecido en los artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal.
- Ejecutar controles preventivos de identidad siguiendo los lineamientos del artículo 12 de la ley N° 20.931.
- Proceder a la detención en caso de flagrancia, basándose en los artículos 129 y 130 del Código Procesal Penal. En situaciones de faltas, se aplicaría el artículo 134 del mismo código.
El protocolo tras la detención
El documento enviado al legislativo es claro respecto al rol de las FFAA tras una intervención. En todos los casos, la actuación del personal militar tendrá como único fin poner al detenido a disposición de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones (PDI). Este traspaso debe realizarse de forma inmediata y en el punto geográfico más cercano, cumpliendo estrictamente con el deber de informar al detenido según lo estipulado en el artículo 135 del Código Procesal Penal.
Este movimiento legislativo ocurre en un momento de alta relevancia política, ya que durante esta jornada de lunes, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra debatiendo y votando la prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para la región de la Araucanía, junto a las provincias de Arauco y Bío Bío, además de toda la región del Bío Bío. Se espera que durante la jornada del martes, el Senado continúe con el trámite legislativo para definir la continuidad de estas medidas de seguridad.
