La Corte de Apelaciones de Santiago ha puesto punto final a una disputa administrativa, rechazando el recurso de reclamación presentado por la Municipalidad de Santiago. El municipio buscaba revertir una sanción económica de 100 UTM —equivalente a aproximadamente $7 millones—, la cual fue impuesta por la Superintendencia de Educación tras los controvertidos dichos del exrector interino del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra.
El origen de la sanción
El caso se remonta a inicios de mayo de 2025, cuando se filtró un audio donde Saavedra descalificaba a los alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). En el registro, el entonces directivo afirmó:
El colegio parece colegio diferencial. Más del 60% son weones con TEA. O sea, no tení ninguna posibilidad de volver a tener excelencia académica en el corto plazo, ninguna.
Tras la viralización del audio y los cuestionamientos públicos, Gonzalo Saavedra reconoció haber utilizado “adjetivos inadecuados”, asegurando que en ningún momento tuvo la intención de ofender a los estudiantes bajo esa condición. Pese a sus disculpas, el proceso sancionatorio siguió su curso institucional.
Cronología de la investigación
El tribunal de alzada consideró en su veredicto una serie de antecedentes recolectados a partir de mayo de 2025, incluyendo cinco denuncias formales —dos de ellas con reserva de identidad— y el correo electrónico enviado el 6 de mayo por una apoderada de tercero medio, quien manifestó su profunda molestia ante los hechos.
El 5 de junio de 2025, la autoridad ordenó el inicio de un proceso administrativo y designó a una fiscal instructora. El 23 de junio se formuló un cargo único contra el sostenedor por no aplicar correctamente su reglamento interno y protocolos. Posteriormente, el 4 de agosto, el informe final propuso ratificar la multa de 100 UTM, lo que se concretó tres días más tarde.
Tras una reclamación administrativa rechazada por la Superintendencia de Educación el 13 de enero de 2026, el municipio elevó el caso a los tribunales de justicia bajo el argumento de que la sanción era improcedente. Con este fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, se cierra la vía judicial para el municipio, dejando firme el castigo económico por la vulneración de protocolos educacionales. Queda por ver si el municipio buscará nuevas instancias o si acatará definitivamente el pago tras el complejo proceso administrativo vivido.
