La administración del presidente José Antonio Kast confirmó que está evaluando una modificación al funcionamiento del Penal Punta Peuco. El objetivo de este cambio sería que el recinto retorne a su estado anterior, volviendo a ser un centro exclusivo para exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de orden, dejando atrás su actual carácter de cárcel común.
Este anuncio fue realizado por el Jefe de Estado durante el conversatorio “Presidente presente” llevado a cabo en la región de Atacama. En dicha instancia, el mandatario cuestionó la decisión tomada en noviembre de 2025 bajo la gestión de Gabriel Boric, quien puso fin a la exclusividad del penal para condenados por crímenes de lesa humanidad, transformándolo en un recinto gestionado por Gendarmería donde convive población civil.
Tensión política y el debate por los privilegios
El presidente Kast argumentó que la actual configuración del recinto no es adecuada al señalar: “Porque había un consenso de que había recintos penales solo para personas que habían sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las Policías”. Según el mandatario, resulta impropio mezclar a la población civil con exfuncionarios castrenses sentenciados por delitos de derechos humanos.
La postura del Ejecutivo generó reacciones inmediatas y contrapuestas en el espectro político. El Partido Nacional Libertario celebró la posibilidad de este cambio a través de su vicepresidente, Hans Marowski. El dirigente destacó que este sería un primer paso, recordando además las promesas de campaña sobre la entrega de ayudas humanitarias para presos de avanzada edad.
“En campaña el presidente prometió soluciones humanitarias para los presos de avanzada edad y mucha gente esperaba avances concretos en esa línea. ¿Cómo queremos recuperar la seguridad si esos funcionarios ven a sus camaradas presos por actuaciones realizadas en el servicio?”, señaló Marowski.
La respuesta de la oposición y el futuro del recinto
Desde la vereda contraria, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, lanzó duras críticas contra la intención del gobierno. El exsecretario de Estado subrayó que un Estado democrático no puede permitir la existencia de grupos privilegiados y calificó la medida como un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos.
“Tanto el presidente Sebastián Piñera cuando cerró el Penal Cordillera, como el presidente Boric, cuando transformó el expenal Punta Peuco en un recinto común, actuaron honrando la igualdad ante la ley, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho”, fustigó la exautoridad.
Actualmente, la posibilidad de revertir la decisión de la administración anterior permanece abierta. De concretarse este plan, el gobierno de Kast no solo modificaría la gestión administrativa del penal, sino que también reactivaría una de las discusiones políticas más complejas sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en Chile.
