Una fuerte controversia política ha generado el reciente recorte presupuestario en salud impulsado por el actual gobierno. El diputado Daniel Manouchehri (PS) arremetió contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusando una priorización errónea que, según el parlamentario, busca financiar una ley que entrega 4 mil millones de dólares al 1% más rico de Chile, sacrificando recursos destinados a hospitales y centros de atención primaria.
Para el legislador socialista, la medida no es casual ni técnica, sino una decisión política deliberada. Manouchehri vinculó esta situación con los dichos del presidente José Antonio Kast respecto a las «metáforas», señalando tajantemente que los efectos en el sistema público están documentados. «Esta no es una metáfora de Kast, está en los documentos oficiales. Menos plata para hospitales, Fonasa y atención primaria», afirmó el diputado en una declaración pública.
¿Por qué el gobierno redujo el presupuesto en salud?
El parlamentario fue más allá al cuestionar la gestión de los recursos públicos, argumentando que el ejecutivo tenía alternativas para reorganizar el gasto sin afectar a los pacientes. Según su análisis, el dinero recortado debería haberse inyectado directamente en la red asistencial y no transformarse en un beneficio tributario para los grandes empresarios.
El gobierno se colude para hacer una transferencia desde la salud de la gente hacia los más poderosos. Esta es una manera miserable de gobernar.
Por su parte, desde el Ministerio de Salud han intentado contener la polémica aclarando los alcances de la medida. Según la cartera, el ajuste presupuestario acordado para el sector alcanza un 2,5%. La institución enfatizó que el plan ha sido diseñado «resguardando explícitamente la atención directa de los pacientes y la continuidad de las prestaciones de salud».
El Ministerio de Salud también hizo un llamado a poner los números en perspectiva, sosteniendo que aunque algunas cifras difundidas puedan parecer alarmantes al ser presentadas de manera aislada, es fundamental contextualizarlas en relación con el presupuesto total de cada establecimiento. Mientras tanto, la oposición mantiene su postura crítica, transformando este ajuste en uno de los puntos más tensos de la agenda económica actual, con una ciudadanía expectante sobre cómo impactará esta reducción en las esperas y calidad de la atención pública en los próximos meses.