El Fisco de Chile fue condenado por el Noveno Juzgado Civil de Santiago a pagar una indemnización total de $51.200.000 a un ciudadano que sufrió un trauma ocular severo. El incidente ocurrió el 12 de noviembre de 2019 en el centro de Santiago, en medio del estallido social, cuando un funcionario de Carabineros disparó una bomba lacrimógena que impactó directamente en el rostro del afectado.
Detalles del caso y la responsabilidad estatal
Según los antecedentes judiciales, el demandante se encontraba en Plaza Italia para participar en una manifestación. Cerca de las 19:30 horas, mientras intentaba cruzar la calle Ramón Corvalán, escuchó disparos realizados por personal policial. Ante la situación, buscó refugio en un paradero de buses ubicado en la Avenida Bernardo O’Higgins. Fue en ese punto donde recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la zona izquierda de su cara.
El tribunal determinó que, tras el impacto, los funcionarios de Carabineros no prestaron asistencia a la víctima. El hombre fue auxiliado por transeúntes y posteriormente trasladado en ambulancia hasta la Clínica Santa María. En dicho centro asistencial se le diagnosticaron fracturas nasales y un trauma ocular severo, lo que derivó en la pérdida total e irreversible de la visión en su ojo izquierdo.
Consecuencias médicas y desglose de la indemnización
El proceso de recuperación fue extenso. En enero de 2020, a la víctima se le implantó una prótesis ocular definitiva, siendo dada de alta médica recién en marzo de ese año. Asimismo, debido a la gravedad de las lesiones faciales provocadas por el proyectil, el afectado tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una segunda ocasión para realizar un enderezamiento de su tabique nasal.
La sentencia del tribunal acogió los argumentos de la demanda y desglosó el pago de la siguiente manera: $1.200.000 corresponden a daño emergente por los gastos asociados al tratamiento, mientras que $50.000.000 fueron otorgados por concepto de daño moral. Con este fallo, se abre la interrogante sobre cuántas causas similares por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social aún esperan resolución definitiva en los tribunales chilenos, marcando un precedente en la reparación económica por parte del Estado.
