El Gobierno de Argentina iniciará este viernes el proceso formal para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la mayor empresa distribuidora de agua del país. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de licitación para la venta del 90% de las acciones estatales de la compañía.
¿Por qué el Ejecutivo decidió avanzar en esta desregulación? Según Caputo, la llegada de un operador privado es estratégica:
La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos.
Datos clave de AySA y su alcance
La empresa, que hoy cuenta con 3,8 millones de usuarios, es fundamental para el área metropolitana. Su radio de servicio abarca 3.363 kilómetros cuadrados, donde residen 15,1 millones de personas entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios periféricos. Actualmente, solo el 10% de las acciones está en manos de los 5.993 trabajadores a través de un programa de propiedad participada.
El proceso sigue el marco legal de la ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’, aprobada por el Congreso en junio de 2024, la cual permite la desregulación y ajuste del Estado impulsado por la administración de Javier Milei.
Antecedentes y crisis financiera
La historia de la empresa ha sido turbulenta. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato de concesión previo que databa de 1993, el cual estaba en manos de Aguas Argentinas, un consorcio liderado por la francesa Suez y la española Aguas de Barcelona, además de socios como el Banco Galicia, Vivendi, la Corporación Financiera Internacional y Anglian Water. El argumento estatal fue la mala calidad del servicio y el incumplimiento de inversiones.
La gestión de Milei ha sido crítica respecto al uso de fondos públicos desde aquel entonces. Según datos oficiales, entre 2006 y 2023, AySA requirió 13.400 millones de dólares del Tesoro, pese a lo cual se registró un deterioro constante en la infraestructura. No obstante, la situación financiera ha cambiado: tras recibir transferencias por 1,3 billones de pesos (915 millones de dólares) en 2023, la cifra cayó a 37.000 millones de pesos (26 millones de dólares) en 2025. El año pasado, la empresa alcanzó un superávit operativo de 237.000 millones de pesos (167 millones de dólares), cerrando un ciclo de alta dependencia estatal mientras se prepara para su retorno al sector privado.
