El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó veredicto condenatorio contra Óscar Alejandro Becker Puebla, empresario y representante legal de la constructora CIAL. El fallo establece su responsabilidad en los delitos de estafa en grado de frustrado, ocultamiento de bienes y ocultamiento de libro contable, tras una investigación que destapó una compleja maniobra financiera para evitar compromisos económicos.
La trama detrás de la millonaria insolvencia
¿Cómo operaba el esquema de Óscar Becker para evadir sus deudas? Según el fiscal Raúl Espinoza, quien lideró la acusación, el empresario enfrentaba una insolvencia cercana a los $4.400 millones de pesos a través de su firma, Agrícola Los Pinos. En este contexto, Becker se desprendió de 46 bienes inmuebles traspasándolos a otra sociedad bajo su control, la cual finalmente derivó dichos activos a dos sociedades constituidas en Panamá.
El fiscal Raúl Espinoza valoró el trabajo del tribunal y detalló la mecánica de los hechos:
Óscar Becker era titular de una empresa denominada Agrícola Los Pinos, la cual, vislumbrando una insolvencia bastante severa de alrededor de 4.400 millones de pesos, se desprendió de 46 bienes inmuebles, los cuales traspasó a otra sociedad también controlada por Becker, la que a su vez traspasó todos estos bienes a dos sociedades constituidas en Panamá, mediante operaciones efectuadas en Panamá.
Defensa y recalificación de los delitos
Aunque el Ministerio Público inicialmente acusó al empresario por fraude al Fisco, el Tribunal optó por recalificar el ilícito como estafa frustrada. La abogada defensora, Andrea Reyes, expresó conformidad con la resolución del tribunal al descartar la tesis del fraude fiscal, destacando que su representado colaboró en el proceso de liquidación.
“Estamos satisfechos con el veredicto del Tribunal en el entendido que se pudo establecer que no existía fraude al Fisco. Era nuestra posición, y con relación a los delitos concursales que en algún momento trajeron mucha conmoción acá en nuestra ciudad, en el entendido que quedaron muchos trabajadores sin empleo, se inició un procedimiento de liquidación, nuestro representado puso a disposición de sus acreedores todo su patrimonio”, señaló la abogada Reyes.
¿Qué sigue en el caso judicial?
El fiscal reconoció la atenuante de colaboración sustancial del imputado, por lo que la fiscalía solicita una pena que oscila entre los 300 y 540 días de presidio. La decisión final recae en los jueces Luis Torres Labbé, Priscila Franzen y Cecilia Subiabre. La sentencia definitiva, que determinará el tiempo concreto que pasará el empresario tras las rejas, será comunicada este 12 de junio a las 11:00 horas, cerrando un proceso que dejó a numerosos trabajadores sin empleo en la región de La Araucanía.
