La crisis de la basura en la provincia de Osorno ha escalado, enfrentando al gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, con las administraciones municipales. La autoridad regional ha sido enfática al señalar que la falta de entendimiento político entre las comunas es el principal obstáculo para resolver el colapso del vertedero de Curaco, recinto que hoy genera altos costos de traslado para los municipios afectados.
Según Santana, el Gobierno Regional no tiene atribuciones para elegir de forma unilateral el emplazamiento de un nuevo centro de residuos. El gobernador sostiene que, sin una propuesta formal y consensuada por parte de las municipalidades, resulta inviable ejecutar inversiones o avanzar en la infraestructura necesaria. “Si no hay voluntad, es difícil avanzar y entender que todos estos proyectos obvio que tienen un costo social, nadie quiere tener un basurero en su localidad”, advirtió.
La urgencia de una estrategia regional
El gobernador subrayó que la gestión de residuos es una prioridad medioambiental, pero reiteró que la pelota está en la cancha de los alcaldes. Alejandro Santana señaló que actualmente se exploran alternativas ligadas a la economía circular y la valorización de residuos, incluyendo el uso de recintos ya existentes en otros puntos de la región. No obstante, enfatizó: “Tiene que llegar una propuesta al Gobierno Regional que nos diga ‘mire dígame, que materia de proyectos están disponibles a financiar, nosotros estamos disponibles a poder ser el punto de solución para los residuos sólidos de la provincia de Osorno’”.
La postura del municipio de Osorno y la deuda pendiente
Por su parte, el alcalde de Osorno, Jaime Bertin, desestimó las críticas y aclaró el estado del relleno sanitario local. El edil explicó que se finalizó un estudio hidrológico que determinó la capacidad del alvéolo para seguir recibiendo basura tras el vaciado de líquidos, buscando desmitificar la información sobre la operatividad del recinto. Respecto a las quejas de otros municipios por los costos de disposición, Bertin fue tajante al señalar que no ha habido reajustes en las tarifas este año y que algunos municipios presentan deudas importantes por pagos atrasados.
Ante la demanda de los ediles de la provincia por implementar pesajes justos, Bertin confirmó que se trabaja en la instalación de una báscula. “Es una obra grande que significa una buena inversión, estamos por sobre los 60 millones”, detalló, asegurando que la infraestructura estará operativa en los próximos tres meses. Mientras se espera la puesta en marcha de esta obra, la incertidumbre persiste sobre cuánto tiempo más podrá operar el actual vertedero y si finalmente las municipalidades lograrán articular una propuesta única para destrabar el financiamiento del Gobierno Regional.
