El diputado del Frente Amplio, Jaime Bassa, presentó formalmente un requerimiento ante la Contraloría General de la República. La acción busca que el ente fiscalizador investigue posibles infracciones a la probidad y transparencia al interior del gabinete del presidente José Antonio Kast.
La denuncia se gatilló a raíz de los dichos de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, quien confesó ante Fast Check que no reveló la existencia de tres sociedades en su declaración de intereses y patrimonio. Lo más grave, según el parlamentario, es que la secretaria de Estado deslizó que otros ministros le habrían recomendado omitir esta información.
La revelación de Lincolao y la sospecha de un patrón
Durante su entrevista, Ximena Lincolao intentó restar peso a la omisión explicando que una de sus sociedades nunca tuvo movimientos, otra está cancelada y la tercera sería similar a una junta de vecinos. Sin embargo, su defensa incluyó una frase que encendió las alarmas en el Congreso:
«Yo pregunté y los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo»
Ante esto, Jaime Bassa enfatizó que no se trata de un hecho aislado. “Aparentemente, aquí habría un patrón por parte del gabinete del presidente Kast de ocultar información y de evadir los principios de probidad. Nos parece impresentable que se esté evadiendo el deber de transparentar el patrimonio, viendo a un Gobierno que legisla con mucho conflicto de interés sobre la mesa”, sentenció el diputado.
¿Qué exige la ley sobre las declaraciones de intereses?
El parlamentario fue enfático al recordar que la legislación vigente es estricta respecto a los plazos y obligaciones de las autoridades. Según Bassa, las declaraciones deben realizarse antes o en un plazo perentorio tras asumir el cargo. “Han pasado más de 2 meses desde que asumieron, no se han cumplido los plazos, pero además, habiéndose cumplido, lo preocupante es que se ha omitido información y que se ha mentido deliberadamente por recomendación de otros ministros”, denunció.
El requerimiento solicita específicamente que la Contraloría determine responsabilidades administrativas y esclarezca si existió una coordinación interna para evadir estos deberes legales. Actualmente, el caso queda en manos de la institución para definir si hubo vulneración a la probidad, mientras crece la incertidumbre sobre cuántos otros miembros del gabinete presidencial podrían estar en una situación patrimonial irregular.
