La auditoría de la Contraloría General de la República sobre el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno del expresidente Gabriel Boric ha encendido las alarmas en la Comisión de Vivienda del Senado, al exponer debilidades estructurales y deficiencias en la fiscalización. Este informe, presentado por la contralora Dorothy Pérez, no solo evidencia trabas burocráticas, sino que también ha revivido el controvertido debate sobre una posible Acusación Constitucional (AC) contra el exministro Carlos Montes.
Durante la sesión, la contralora Pérez detalló cómo el plan, que buscaba celeridad en la construcción de viviendas, se vio obstaculizado. El informe subrayó falencias en el seguimiento de metas y una deficiente supervisión de los recursos públicos entregados. Miles de familias chilenas siguen esperando soluciones habitacionales que se proyectaron con un avance más rápido.
Esta exposición se produce después de que el exministro Carlos Montes compareciera la semana pasada ante la misma comisión. En su momento, Montes había asegurado que no existieron sobreprecios en la compra de terrenos ni actuaciones de mala fe durante su gestión.
Oficialismo descarta acusación constitucional contra Carlos Montes
Tras la revelación de la contralora, las reacciones en la Comisión de Vivienda no se hicieron esperar, dividiendo las posturas políticas. El senador socialista Fidel Espinoza valoró la instancia y fue enfático al descartar cualquier fundamento para una acción constitucional contra el exsecretario de Estado.
Con esta sesión, con la participación de la señora Dorothy Pérez, Contralora General de la República, quedan absolutamente descartadas las violaciones a la Constitución que han pregonado algunos sectores de la derecha. Se derrumba definitivamente cualquier atisbo de viabilidad de una acusación constitucional contra el ministro, exministro Carlos Montes.
En la misma línea, la senadora del PPD Loreto Carvajal respaldó esta visión. Según Carvajal, la presentación no aportó antecedentes que justifiquen una acusación contra el exjefe de la cartera de Vivienda.
Está suficientemente aclarado que no hay un sobreprecio y que no hay mérito desde el punto de vista de la fundamentación para poder generar una acción constitucional. Por ello, llamaría a los colegas a atender las prioridades del país, sobre todo en materia de seguridad y también respecto de este proyecto misceláneo.
Es importante destacar que Radio Bío Bío intentó contactar a otros senadores oficialistas integrantes de la comisión, pero estos optaron por no emitir declaraciones, amparándose en su derecho a guardar silencio ante posibles acciones constitucionales.
Republicanismo insiste en responsabilidades del exministro
Sin embargo, desde la oposición, la diputada republicana Paz Charpentier mantuvo una postura crítica. Para ella, los datos de la Contraloría sí confirmarían una transgresión constitucional por parte de Montes.
El exministro Montes efectivamente infringió la Constitución y las leyes, y eso consta en el informe publicado por la Contraloría, que declara efectivamente compras con sobreprecios.
Así, el Senado sigue inmerso en la incertidumbre sobre si la exposición de la contralora entregó la prueba definitiva para avanzar contra Carlos Montes. Las irregularidades detectadas podrían derivar únicamente en sumarios administrativos y recomendaciones de mejora o, por el contrario, escalar a un juicio político. Mientras tanto, el debate continúa, y la meta de construir 260 mil viviendas se ve cada vez más distante, atrapada entre cuestionamientos, informes de fiscalización y las persistentes amenazas de una acusación constitucional.
