El presidente José Antonio Kast reconoció este miércoles que su administración tenía pleno conocimiento de que el aumento en el precio de las bencinas golpearía directamente su popularidad. Pese al costo político, el mandatario defendió la medida como un ejercicio necesario de responsabilidad fiscal para el país.
El hecho ocurrió el jueves 26 de marzo, a solo dos semanas de haber asumido el poder. En dicha fecha, se concretó un incremento histórico: la gasolina subió $370 y el diésel experimentó un alza de hasta $580 por litro.
La defensa de la medida y el costo político
Durante una actividad organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, en medio del debate por la Ley de Reconstrucción y los cuestionamientos de la oposición, Kast justificó su estrategia económica. El jefe de Estado enfatizó que la transparencia en el manejo de recursos es prioritaria para su gestión.
Por eso asumimos el riesgo de transferir el costo de la bencina; sabíamos lo que iba a pasar. Yo el primero: que iba a bajar de 60 a 40 puntos. Eso es responsabilidad política.
Esta declaración se enmarca en un contexto donde el mandatario, según la última encuesta Plaza Pública Cadem, registró un repunte en su aprobación llegando al 42%, tras haber enfrentado cinco semanas consecutivas de retrocesos en las mediciones.
Comparación con la administración anterior
El presidente Kast aprovechó la instancia para contrastar su política de combustibles con la adoptada por el gobierno de Gabriel Boric ante el impacto internacional de la guerra en Ucrania. Según el actual mandatario, su predecesor optó por subsidiar precios mediante un gasto de 3 mil millones, logrando un 30% de adhesión ciudadana al final de su gestión.
“Podríamos haber pedido los mismos 3 mil millones que el gobierno anterior para la crisis de Ucrania, y aunque no lo crean habiendo gastado todo llegó a la cuenta pública con un 30% de adhesión y yo todavía tengo un honroso 40%, pero sin haber malgastado los recursos públicos y hablando con la verdad”, sentenció.
Actualmente, el Ejecutivo intenta equilibrar la presión sobre los bolsillos de las familias chilenas y la necesidad de reducir la carga en las cuentas fiscales. Mientras la oposición mantiene una ofensiva legislativa con más de mil indicaciones a la Ley de Reconstrucción, el Gobierno deberá definir si su apuesta por el rigor fiscal será suficiente para mantener el apoyo ciudadano en el mediano plazo.
