La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) ha lanzado una advertencia directa al Ejecutivo, solicitando que se cumplan las promesas de campaña respecto a la derogación de un alza en las patentes mineras. Este tributo, que fue ajustado mediante la Ley 21.649, se implementó en 2023 como una de las medidas estratégicas para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU), modificando el Código de Minería y eliminando diversas exenciones.
Desde la organización gremial calificaron la medida como una «grave amenaza» para la pequeña minería nacional. Según sostienen, el nuevo régimen aumenta drásticamente la presión sobre los productores que cuentan con menor capacidad financiera, dificultando la sostenibilidad de sus concesiones mediante una burocracia permanente y costos de amparo elevados.
El impacto del sistema de patentes en la pequeña minería
Para la SONAMI, el actual sistema de amparo por trabajo depende de trámites excesivamente engorrosos que terminan castigando a los mineros comunales. Estos actores desempeñan un rol económico y territorial clave en diversas zonas del país, por lo que el gremio considera injusta la carga impuesta tanto a ellos como a la mediana industria.
«Se debe urgentemente volver a un sistema de amparo de la propiedad minera, basado solo en el pago de una patente de monto razonable», señalaron desde la directiva de la asociación gremial al emplazar a las autoridades.
En cuanto a las cifras, el gremio detalló que el aporte recaudatorio proveniente de la pequeña minería es acotado. Durante el año pasado, el pago total alcanzó las 142.854 UTM, lo que representa menos del 5% del total recaudado por concepto de concesiones en el país.
¿Qué consecuencias enfrenta el sector minero?
El argumento central de la SONAMI es que, aunque el mayor cobro no resulta fiscalmente determinante para las arcas del Estado, sí provoca consecuencias graves en la actividad económica regional. El alza pone en riesgo la continuidad de pequeñas faenas y afecta directamente su capacidad de encadenamiento productivo local.
Ante este escenario, el gremio ha reiterado la necesidad de que el Gobierno revise la situación actual. La minería requiere de reglas claras y estables que consideren la escala de los proyectos, su aporte al territorio y las restricciones reales que enfrentan los pequeños y medianos empresarios. La pelota está ahora en manos de las autoridades, quienes deberán decidir si ajustarán la normativa para aliviar la carga sobre este sector productivo o si mantendrán la estructura vigente.
