La Corte de Apelaciones de Valdivia dio luz verde a la tramitación de una querella criminal presentada contra la exministra de Salud y las exseremis de dicha cartera en la región de Los Ríos. El recurso judicial apunta a delitos de tortura y prevaricación administrativa, tras la denuncia interpuesta por el abogado y dirigente gremial Leonardo Bórquez.
El querellante, quien ejerció como jefe jurídico del organismo desde 2018 y cuenta con una trayectoria de 13 años en la institución, asegura haber sido víctima de una estrategia de hostigamiento sistemático entre 2022 y 2025. Según su relato, el objetivo era marginarlo de sus funciones y forzar su salida de la repartición pública debido a su posición política.
Detalles del presunto hostigamiento y daño en salud
La acción legal describe una serie de actos que habrían derivado en un grave deterioro de la salud mental de Bórquez, provocándole crisis de angustia, ansiedad y cuadros de estrés. El denunciante señala haber sido objeto de sumarios administrativos sin sustento, los cuales concluyeron en su absolución, y una comisión de servicios que se extendió durante un año y tres meses mediante cinco renovaciones consecutivas.
El dirigente gremial ya había recurrido anteriormente al Tribunal Laboral de Valdivia denunciando hostigamiento, instancia donde se ordenó su reintegro a la Seremi de Salud de Los Ríos. Además, destaca que el Instituto de Seguridad Laboral calificó su cuadro clínico como una enfermedad profesional causada directamente por la hostilidad ejercida desde su empleador.
“Esta querella forma parte de innumerables procedimientos judiciales y administrativos que he seguido por los múltiples maltratos, vejámenes y hostilidades que sufrí por parte de las máximas autoridades del Ministerio de Salud”, declaró Bórquez tras conocer la resolución judicial.
Próximos pasos en la investigación judicial
Tras la admisión a trámite, la Corte de Apelaciones ordenó derivar los antecedentes a la Fiscalía para iniciar formalmente las diligencias investigativas. La parte querellante ha solicitado expresamente que la exministra y las exseremis involucradas sean citadas a prestar declaración ante el Ministerio Público.
Mientras se espera la evolución de la investigación penal, Bórquez hizo un llamado explícito a las autoridades actuales del sector para que actúen con respeto y se desmarquen de cualquier “complicidad” frente a los hechos denunciados. El caso permanece abierto y se proyecta como un litigio complejo que pondrá a prueba la gestión interna de los procedimientos administrativos en el sector público regional.
