Denuncias de financiamiento irregular en PAC
Una serie de chats de WhatsApp ha encendido las alarmas sobre un presunto sistema de recaudación ilegal en la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda (PAC). La evidencia, que es parte de una querella por cohecho y financiamiento irregular de campañas, sugiere que se habrían exigido aportes económicos a funcionarios municipales para financiar la reelección del alcalde Luis Astudillo.
El mecanismo operaría a través del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMGM), un bono trimestral entregado a los trabajadores. Según la acción judicial, este beneficio se habría utilizado para presionar a los funcionarios, condicionando su permanencia en el cargo a la entrega de dinero en efectivo para la campaña del edil independiente, quien logró la reelección en 2024 con el 62,20% de los votos bajo el pacto Contigo Chile Mejor.
Testimonios y la mecánica de los cobros
La exfuncionaria Camila Ramírez relató en una entrevista con T13 que las presiones eran recurrentes durante 2024. Según su testimonio, existía un listado nominal donde se detallaba el monto que cada persona debía aportar en función de lo recibido por bono. “Salían nuestros nombres y cuánto era el monto que correspondía al bono”, aseguró. Otro exfuncionario añadió que el clima laboral era de coacción constante: “Te exigían o sino perdías el trabajo no más, era así de simple”.
La carpeta investigativa de la Fiscalía Metropolitana Sur incluye conversaciones explícitas donde los trabajadores manifiestan angustia por la imposibilidad de pagar las cuotas. Una funcionaria escribió:
“Estoy algo angustiada porque Gerardo me citó para mañana y sé que es por las lucas pa la campaña y yo no tengo esas lucas. No sé qué hacer. ¿Qué crees que puedo decirle?”
. En otro intercambio, se menciona una cifra elevada: “Tengo que pasar 2.5 millones. Si paso la mitad ahora, me quedaría la otra mitad que sí o sí tengo que sacarla del sueldo, y eso para mí es imposible”.
La postura municipal y antecedentes previos
La denuncia apunta directamente a Gerardo Sánchez, actual administrador municipal, como la persona encargada de coordinar estos cobros en efectivo para evitar dejar registros bancarios. Cabe recordar que la administración de Astudillo ya había enfrentado conflictos judiciales previos, incluyendo demandas por tutela laboral interpuestas por los exdirectores Antonio Arriagada (Seguridad) y Lissette Jaque (Dideco).
Por su parte, el director jurídico de la Municipalidad de PAC, Marco Zepeda, ha rechazado tajantemente las acusaciones. “No ha existido cuota ni se ha podido acreditar que exista de manera alguna una cuota por trabajar en este municipio”, afirmó. Zepeda sostuvo además que el alcalde no tenía conocimiento de estos hechos, argumentando que la denuncia se hizo pública una vez terminado el proceso electoral. Mientras la Fiscalía continúa con las diligencias, la controversia abre interrogantes sobre el control de los recursos municipales y la transparencia en las futuras rendiciones de cuentas del jefe comunal.
